Linchamientos
Por: Felipe Flores Núñez
Tan sólo en la última quincena del mes de mayo que está por concluir ocurrió en Puebla un linchamiento, y otro más pudo ser evitado a tiempo por la policía. Tales eventos, que contravienen la disposición constitucional que prohíbe hacerse justicia por sí mismo, son parte de una estadística que revela un incremento inusitado de linchamientos en el país y que coloca a Puebla entre las entidades con la mayor incidencia. De acuerdo con el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la entidad poblana ocurrieron en 2018 un total de 48 casos, seguidos por el Estado de México con 40, Tabasco con 22, Ciudad de México con 13 e Hidalgo con 9.
De estos hechos se tuvo como resultado 246 víctimas, 34 que culminaron con la muerte de la víctima, es decir fueron consumados y 119 quedaron en tentativa. En el caso de Puebla, la mayor incidencia se registró en la capital y en los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan y Tlacotepec de Benito Juárez. Llama la atención que en el documento que contiene resultados de encuestas levantadas por la CNDH, siete de cada 10 poblanos dijeron estar de acuerdo con el hecho de que las personas hagan justicia por su propia mano si las autoridades no responden a las denuncias con efectividad. Mientras que seis de cada 10 respondió que, si la autoridad no castiga a los delincuentes, la sociedad tiene el derecho de castigarlos. El organismo también buscó conocer la postura de los participantes de linchamientos, acerca de hacer justicia por mano propia y en el caso de Puebla el 55.6 por ciento dijo estar de acuerdo, el 34.2 por ciento en desacuerdo, el 8.2 totalmente de acuerdo y el 2.1 totalmente en desacuerdo.
En otro estudio, la propia CNDH revela que en los últimos cuatro años se han registrado 336 linchamientos en el país, en los que han sido asesinadas 121 personas y otras 440 pudieron ser liberadas; las víctimas en ambos casos son hombres mayoritariamente. Este fenómeno tiene diversas implicaciones, pero lo cierto es que obedece en buena medida a la pérdida de valores en un ámbito de fragilidad en el tejido social, además que refleja una grave crisis de autoridad. La Real Academia Española define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”, y subraya que los linchamientos implican una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ya que no respetan la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes a la persona. Un reciente estudio divulgado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, refiere a su vez que el linchamiento es un delito que pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia y vulnera los derechos de los acusados. “Si bien es un fenómeno global, en México se han repetido diferentes casos debido al hartazgo de la población por la inseguridad y actividades de la delincuencia organizada, aunque también ha sido un método de seguridad pública”, señala el organismo. Los linchamientos, ratifica, son producto de falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha encontrado en los casos de linchamientos algunas constantes, entre las que destacan “falta de confianza en la policía y el sistema de justicia, además de la impunidad de la que disfrutarían los autores de crímenes”. Una característica común en los linchamientos consumados, afirma, es que los agresores en la gran mayoría de los casos son impunes al llamado a cuentas a la justicia. “Es un fenómeno a escala internacional por lo que vulnera los diferentes estados de derecho. Asimismo, tiene como consecuencia la generalización de la violencia en las comunidades donde se registra, por lo que la autoridad queda rebasada sin importar el respeto a las garantías individuales”.
Por su alta prevalencia en Puebla, este fenómeno debiera ser atendido de manera especial, y la coyuntura de cambio de gobierno puede ser la mejor ocasión mediante la aplicación de políticas públicas específicas, y otras en materia de seguridad. Es un avance que, a diferencia en otras entidades, en Puebla existe ya un protocolo, documento normativo que habría de consolidarse y además, como lo sugiere la especialista Elisa Godínez, “más allá de las condenas, hacer un esfuerzo desapasionado para identificar las causas visibles y entender las invisibles, esas que no aparecen a primera vista y son opacadas por el escándalo y el dolor”. Y como bien dice, el camino hacia una solución implica reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanecen en las comunidades después del acontecimiento de violencia, identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencias que ahí se padecen y, sobre todo, comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos no van a cesar. Es hora pues de ponerse a trabajar.
