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Eduardo Sánchez
Tras la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Puebla, ninguna institución de justicia penal reportó haber realizado inversión en materia de capacitación, así como en materia de juicios penales, por lo que se considera como el Estado peor calificado, con sólo el 0.2 por ciento de casos resueltos. En el país, 25 de las 32 entidades federales reportaron haber realizado algún tipo de inversión en materia de capacitación en alguna de las cinco instituciones estatales, siendo los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Nayarit, Puebla y Tlaxcala, los que no lo hicieron, así lo informó el centro de análisis México Evalúa. De acuerdo con el documento “Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México”, únicamente en Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí y Sinaloa se reportó algún tipo de inversión en cuatro de las cinco instituciones de justicia. A pesar de esto, en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial, Seguridad Pública y Defensoría reportaron acciones de capacitación. En el mes de mayo, la FGE informó la realización de una jornada de actualización en materia de procuración de Justicia y Sistema Penal Acusatorio a presidentes auxiliares, policías municipales, regidores, jueces de paz y personal del DIF Municipal, aunque no se especificó el número de beneficiados. En el rubro de poderes judiciales, México Evalúa informó que Puebla tiene la tasa más baja en cuanto al número de jueces, pues sólo cuenta con el 0.2 por cada 100 mil habitantes, caso contrario el de Zacatecas que cuenta con 2.6 por cada 100 mil habitantes, siendo la tasa más alta en el país.
ESTADO DE FUERZA
En el reporte, también se contempla el Diagnóstico Nacional sobre las policías preventivas, en el que se especifica que, en cuanto a la actualización del Sistema de Justicia Penal, el 100 por ciento del estado de fuerza fue capacitado en al menos uno de los talleres, sin embargo, únicamente, el 26.8 por ciento tomó el taller de la función del primer respondiente, aunque en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas participó el 100 por ciento del estado de fuerza.
DETENCIONES ILEGALES Y JUICIOS ORALES
A pesar de la capacitación, se sigue errando en diferentes procesos, como el caso de detenciones, en el que Puebla tiene el mayor número de detenciones calificadas como ilegales, respecto del total de causas penales iniciadas, lo que se traduce en que, prácticamente, tres de cada 10 detenciones, recibieron esta determinación en 2017. El segundo lugar lo ocupa el estado de Nayarit, con 28.8 por ciento de detenciones ilegales, y tercero Colima, con el 20.73 por ciento. En el otro extremo, Sonora, Veracruz e Hidalgo son las entidades con el menor número de detenciones ilegales con un porcentaje menor al 1 por ciento en todos los casos. En cuanto a las funciones del Poder Judicial, Puebla cuenta con el menor porcentaje de casos resueltos, con tan sólo el 4.7 por ciento, lo que se traduce en un impacto negativo en la eficiencia del sistema de justica. Aunque el documento esclarece que “un porcentaje bajo en la resolución de los asuntos, no necesariamente es atribuible a una gestión judicial deficiente, pues puede indicar también una mala gestión por parte de otras instituciones; por ejemplo, es común que los defensores y el Ministerio Público soliciten diferimientos debido a sus altas cargas de trabajo”. En cuanto a los casos de juicios orales, una vez más, Puebla cuenta con el reporte más bajo, al sólo tener el 0.2 por ciento de los casos resueltos mediante este tipo de audiencias, mientras que el Estado de México cuenta con la mayor eficiencia, al resolver el 28 por ciento de los juicios.
