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Tras 69 días de haber solicitado licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya emitió un pronunciamiento público en el que denunció ser víctima de una “atroz embestida mediática de calumnias”. El mandatario con licencia aseguró que su separación del cargo fue una decisión tomada por convicción, con el fin de renunciar al fuero constitucional y permitir que las autoridades lo investiguen sin restricciones.
Rocha Moya negó categóricamente las versiones que lo vinculan con protección de corporaciones federales, calificando como “absolutamente falso” lo reportado por el periodista Carlos Loret de Mola, y afirmó haber permanecido en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo. Sobre las acusaciones formuladas por una oficina del gobierno estadounidense, el político las rechazó al señalar que carecen de sustento fáctico y legal. A su juicio, este caso forma parte de un ataque articulado por la “ultraderecha” para desacreditar al movimiento de transformación y menoscabar la soberanía nacional.
Situación legal y postura de la FGR
Durante el informe oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), se confirmó la existencia de una investigación contra 10 personas, incluido Rocha Moya, derivada de una solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos. Sin embargo, la institución precisó que, hasta el momento, no cuenta con el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana para proceder penalmente.
FGR acusa a Ken Salazar de incumplir deberes
En el mismo informe, la FGR acusó al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de haber vulnerado el principio de buena fe en las relaciones diplomáticas. La fiscalía sostuvo que las declaraciones de Salazar, donde negaba la participación de autoridades estadounidenses en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, resultaron falsas tras la confirmación del FBI sobre su intervención en el operativo.
Aunque la FGR señaló que estas acciones contravinieron la Convención de Viena y la Carta de las Naciones Unidas, aclaró que el gobierno mexicano está impedido para investigar o procesar penalmente al exembajador debido a la inmunidad diplomática de la que gozó durante su gestión, por lo que las repercusiones de este caso se limitarán al ámbito del derecho internacional.
