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Llamado a padres de familia a no regalar animales como obsequios
Mariel Serrano
El gobernador Alejandro Armenta anunció una serie de acciones legales y sociales para enfrentar el creciente problema del abandono animal en el estado.
Armenta, anunció modificaciones al marco legal para fortalecer la protección de los animales en la entidad.
Las reformas buscarán endurecer las sanciones contra el maltrato animal y regular la venta de mascotas, con el fin de frenar su abandono y comercialización irresponsable.
Armenta destacó que los animales son seres sintientes, por lo que su cuidado debe ser una responsabilidad permanente de quienes los adquieren.
Según el índice de Mascotas sin Hogar, en la capital poblana se estima una población de 425 mil perros, de los cuales más de 250 mil viven en condición de calle. Muchos de ellos forman jaurías de entre 10 y 12 ejemplares, generando riesgos de agresividad y salud pública, especialmente ante enfermedades como la rabia.
“El perro que termina en la calle pierde su domesticación y puede convertirse en un animal salvaje”, señaló el mandatario estatal.
Como parte del plan integral, se anunció la construcción de 27 Centros de Bienestar Animal, cuatro de ellos en la capital y el resto distribuidos en diversos municipios.
Estas instalaciones tendrán como objetivo brindar atención y protección a los animales rescatados.
Armenta hizo un llamado a las familias poblanas a no regalar mascotas como si fueran juguetes, especialmente durante celebraciones como cumpleaños o Navidad. En su lugar, promovió la adopción responsable y consciente: “El error de regalar un animal sin considerar su cuidado genera abandono. Cuando un perro es dejado en la calle, se convierte en fauna nociva y potencialmente agresiva”, puntualizó.
El gobierno estatal también reiteró su compromiso con la aplicación de la ley en casos de crueldad animal. La Fiscalía General del Estado ya ha iniciado procesos legales contra agresores en municipios como Cuautlancingo, Tehuacán y Puebla capital.
Además, se instó a la ciudadanía a denunciar tanto a personas como a funcionarios públicos, incluidos policías, que incurran en actos de violencia hacia los animales.
