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Mariel Serrano
El proceso contra Amanda Gómez continúa abierto en la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, derivado de la compra de una camioneta blindada con un valor superior a los 2.8 millones de pesos, realizada durante su gestión como titular del organismo fiscalizador.
La diputada Norma Pimentel informó que el procedimiento de responsabilidades administrativas se encuentra actualmente en la etapa de desahogo, en la que se reciben las manifestaciones de las partes involucradas y se analizan las pruebas presentadas ante las instancias correspondientes.
Detalló que este proceso permitirá identificar a las personas que participaron en la adquisición del vehículo, así como definir el grado de responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a cada una. Una vez concluida esta fase, se llevará a cabo la calificación de la conducta para determinar si se trata de una falta grave o no grave.
De acuerdo con la información revisada, la unidad adquirida corresponde a una camioneta Chevrolet Tahoe blindada Nivel III Plus, por la que la ASE pagó 2 millones 897 mil 680 pesos a la empresa Sumacortec S.A. de C.V., mediante un contrato otorgado por adjudicación directa el 18 de mayo de 2023.
Asimismo, dentro de la misma revisión se analiza la contratación de servicios de alimentos por un monto de 984 mil 471 pesos, también asignados de manera directa. En este caso, se señaló que la proveedora no se encontraba inscrita en el padrón de proveedores correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
La legisladora indicó que el procedimiento no se limita a la extitular de la ASE, ya que otras personas que habrían intervenido en estos movimientos serán llamadas a declarar ante la Unidad Técnica de Control del Congreso del Estado, como parte del análisis integral del caso.
Norma Pimentel no descartó que, de acreditarse irregularidades, se puedan imponer sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos o sanciones económicas. Añadió que, una vez agotada la vía administrativa, las autoridades competentes evaluarán si existen elementos para dar vista a la Fiscalía General del Estado y proceder por la vía penal.
El caso permanecerá bajo análisis hasta la conclusión de las diligencias, momento en el que se determinará si existen responsabilidades formales derivadas de la adquisición del vehículo blindado y la contratación de servicios durante la gestión señalada.
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