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Por Exclusivas MX
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019), señalándolo por su presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. Las acusaciones se derivan de su supuesta participación en las movilizaciones y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio pasados para exigir la dimisión del actual mandatario, Rodrigo Paz.
Las protestas, impulsadas por sectores campesinos y organizaciones obreras, paralizaron las principales rutas del occidente y centro del país sudamericano durante siete semanas, provocando un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de cobrarse la vida de al menos dieciséis personas y generar pérdidas económicas superiores a los tres mil millones de dólares. La denuncia formal fue interpuesta a principios de julio por los comités cívicos de Santa Cruz y respaldada por el Ministerio de Gobierno, alcanzando también a otros líderes sindicales vinculados a las movilizaciones.
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Por su parte, el exmandatario ha rechazado los señalamientos al argumentar que las protestas respondían a demandas sociales legítimas, aunque sus declaraciones públicas previas evidenciaron llamados de presión contra la administración federal antes de que se decretara el estado de excepción para restablecer el orden público mediante el despliegue de las fuerzas de seguridad. Las autoridades policiales mantienen la vigilancia en torno al Trópico de Cochabamba, bastión político donde Morales permanece resguardado desde finales de 2024 para evadir procesos judiciales previos relacionados con acusaciones de índole penal.
Este nuevo mandamiento judicial incrementa la presión legal sobre el exjefe de Estado, quien enfrenta múltiples causas en su contra que complican su situación jurídica y su presencia en la vida pública nacional. Los tribunales y corporaciones de seguridad determinarán las acciones operativas necesarias para cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes a la espera de que los implicados comparezcan ante la justicia.
