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Mariel Serrano
El Gobierno del Estado de Puebla continúa con la implementación del Programa de Obra Comunitaria, una iniciativa que busca empoderar a la ciudadanía a través de la participación directa en la toma de decisiones sobre obras y recursos destinados a sus comunidades.
En el marco del programa Obra Comunitaria, que opera a través de 27 microrregiones y cuenta con igual número de delegadas y delegados recorriendo el territorio, se han realizado ya más de 4,320 asambleas comunitarias.
En estas reuniones, son los propios vecinos quienes definen las prioridades en infraestructura para sus colonias, comunidades y juntas auxiliares.
Durante el pasado sábado, se entregaron 97 millones de pesos para acciones en la capital poblana, que se suman a una entrega anterior de 80 millones, totalizando 177 millones de pesos solo en la ciudad de Puebla.
Esta inversión forma parte del presupuesto estatal destinado al programa, que este año asciende a 1,000 millones de pesos, y se prevé que para 2026 aumente a 2,000 millones, según el compromiso del gobernador.
El programa ya ejecuta 160 acciones de mejoramiento urbano y pavimentación en el municipio de Puebla, mientras que a nivel estatal se contemplan más de 2,500 intervenciones.
Estas incluyen rehabilitación de aulas, obras de agua potable, y equipamiento en centros de salud, entre otras.
Un componente importante del modelo es la eliminación de intermediarios ya que, la gestión y administración de los recursos queda en manos de comités comunitarios, donde todas las tesoreras designadas son mujeres. Ellas se encargan de recibir el recurso, realizar pagos a proveedores, adquirir materiales y contratar mano de obra, fomentando así la transparencia y el combate a la corrupción.
José Luis García Parra, coordinador del Gabinete, destacó que esta forma de organización permite al pueblo decidir de manera directa lo que necesita, invirtiendo en lo que realmente consideran prioritario, como calles, servicios básicos o espacios comunitarios.
Este enfoque comunitario y participativo se perfila como una de las principales estrategias del gobierno estatal para garantizar una distribución equitativa, eficiente y transparente de los recursos públicos.
