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Esta iniciativa implica “recuperar la dignidad y ética en la política” para que ningún violentador llegue al poder
Exclusivas Puebla
Foto de archivo: Es Imagen
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá Ruiz confió en que se apruebe por el Congreso de la Unión la Ley 3 de 3 a rango constitucional para que ningún violentador llegue al poder, ni ejerza ningún cargo en la administración pública.
“Requerimos un marco normativo que fortalezca la seguridad y protección de las mujeres, pero esta debe estar acompañada de una actuación eficiente por parte de las instituciones del Estado en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal”, señaló.
En conferencia de prensa la vicecoordinadora priista detalló que la Ley 3 de 3 implica que ningún agresor de las mujeres, ni deudor alimentario pueda aspirar a ningún cargo de elección popular, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos, así como en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
“El jueves de la semana pasada, después de un amplio proceso de construcción y de la mano con luchadoras sociales, expertas y comprometidas con las causas de las mujeres dimos un paso muy importante para limitar, desde nuestra Carta Magna, el acceso de agresores de mujeres y deudores alimentarios, a todos – todos – los cargos de elección: diputados, senadores, gobernadores, así como a cargos y comisiones en el servicio público, incluyendo por supuesto Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Fiscal General de la República”, apuntó.
Es por ello, que exhortó a las y los legisladores de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y Senado de la República a que se apruebe la iniciativa antes del mes de septiembre, para que entre en vigor para los comicios de 2024.
La legisladora poblana enfatizó que esta iniciativa implica “recuperar la dignidad y ética en la política” para que ningún violentador llegue al poder.
“Que lo escuchen bien, y que lo escuchen fuerte, no más agresores en el poder público”, aseveró.
Alcalá Ruiz confió en que el 26 de marzo inicie la dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea turnada al Pleno de San Lázaro y una vez aprobada sea enviada al Senado de la República.
