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Francia vivió una jornada de protestas marcada por enfrentamientos, saqueos y daños a edificios públicos y comercios, luego de que más de 550 mil personas salieran a las calles para manifestarse contra el deterioro de la educación, el encarecimiento de la vida y el retroceso del Estado de bienestar. Aunque gran parte de las movilizaciones transcurrió de forma pacífica, distintos puntos del país registraron episodios de violencia.
En París, la capital francesa, las calles amanecieron con establecimientos destrozados, vehículos incendiados y restos de vidrio y otros materiales sobre las vías públicas. Las autoridades informaron de aproximadamente 2 mil 400 detenciones durante la jornada, mientras el Ministerio del Interior reportó lesiones entre integrantes de las fuerzas de seguridad.
Los disturbios también alcanzaron otras ciudades. En Limoges, un incendio afectó gravemente el edificio histórico del Ayuntamiento, cuya fachada sufrió daños considerables. Las autoridades locales señalaron que gran parte de la construcción quedó destruida, mientras el Ministerio del Interior informó que el fuego habría sido provocado después de que varias personas ingresaran al inmueble.
En Saint-Étienne, un joven perdió una mano tras la explosión de un artefacto, de acuerdo con el alcalde de la ciudad, Régis Juanico. En Marsella, una comisaría resultó dañada y se reportaron enfrentamientos que dejaron agentes heridos. Por su parte, en Lyon, manifestantes incendiaron la oficina de turismo, mientras grupos violentos dificultaban las labores de los bomberos.
Las movilizaciones surgieron después de varias semanas de protestas estudiantiles en escuelas de zonas periféricas y de menores recursos al norte de París. Las primeras inconformidades estuvieron relacionadas con la ausencia de profesores y las malas condiciones de los planteles, pero posteriormente se extendieron a demandas contra la desigualdad, la falta de inversión pública y el deterioro de los servicios educativos. A las manifestaciones se sumaron sindicatos, jóvenes y miembros del movimiento de los chalecos amarillos, conocido por sus protestas contra el aumento de los precios del combustible.
Ante los hechos, el presidente Emmanuel Macron afirmó que en Francia no hay lugar para la violencia y advirtió que quienes atacaron comercios, edificios públicos y otras instituciones deberán enfrentar las consecuencias legales. El mandatario también acusó a sectores de la extrema izquierda de alentar los disturbios, mientras el primer ministro sostuvo que el Gobierno no permitirá que la violencia imponga una agenda política.
Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La Francia Insumisa, respondió con críticas al Ejecutivo y acusó al primer ministro de agravar la crisis mediante sus decisiones y la actuación policial. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) consideró que las movilizaciones representan una nueva etapa de la protesta social y exigió respuestas a las demandas ciudadanas, entre ellas aumentos salariales y de pensiones, así como el restablecimiento de un impuesto sobre la riqueza.
La jornada evidenció las tensiones entre las reivindicaciones sociales y los episodios de vandalismo registrados en distintas ciudades. Mientras las autoridades prometieron investigar los ataques y sancionar a los responsables, los sindicatos llamaron a mantener la movilización pacífica y anunciaron nuevas acciones, incluida una jornada de huelga intersindical prevista para el 5 de noviembre.
