En esta ciudad hierve la sangre y hasta los niños que salen de la escuela preguntan cómo es que Antonio Luna Hernández, velador de una finca en la salida a Dolores Hidalgo, pudo haber asesinado a sus tres hijos en el baño del inmueble que cuidaba mientras un operativo de agentes ministeriales se enfrascaba en un tiroteo descomunal con supuestos delincuentes que habían rentado el lugar, en la madrugada del sábado 14.

Por: Verónica Espinosa 

Las protestas de familiares, amigos y ciudadanos sanmiguelenses que permanecen incrédulos mientras Antonio permanece detenido y a disposición de una juez de control del sistema penal acusatorio, llegaron el miércoles hasta la sede de los Juzgados de oralidad del Poder Judicial estatal, la Subprocuraduría de Justicia y la Presidencia Municipal, con pancartas que exigen como demanda principal la renuncia del procurador Carlos Zamarripa Aguirre.

“¡Queremos ver a Toño, queremos ver a Toño!”, fue un grito repetido decenas de veces en este recorrido del grupo de manifestantes, que por la tarde del miércoles bloquearon durante varias horas la salida a Querétaro y Celaya, a la altura de los edificios públicos mencionados.

Mientras esto ocurría, la audiencia que se celebraba en el juzgado para desahogar testimoniales de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que ingresaron a la finca donde se encontraban Antonio, Juana su esposa y sus tres hijos de 4, 8 y 11 años, fue interrumpida a solicitud del abogado defensor del acusado, luego de que éste debió recibir atención médica.

Por ello, se pospuso para el jueves la presentación de datos de prueba que servirían para que la juez determine si lo vincula o no a proceso, lo que se prevé dará a conocer el viernes.

Presuntamente, los agentes de la AIC expondrán circunstancias que para la Procuraduría de justicia son determinantes al fundamentar la acusación por el multihomicidio de los menores, hijos del matrimonio.

En contraparte, el defensor, José Luis Vargas, sostiene:

“(Antonio) está destrozado. Esto que está sucediendo es una tragedia; él es víctima”, y afirma que el velador fue torturado.

“Lo tuvieron detenido durante más de nueve horas; argumentó la Policía Ministerial que porque andaban en el operativo buscando a las otras personas. Nueve horas tardaron en buscar y nosotros manifestamos que no debió ser así, porque precisamente estamos en un nuevo sistema y para eso son los jueces de control de garantías, para que no ocurran estas cosas…”.

No obstante, ante la presentación de los datos de prueba por parte de la Fiscalía, la juez de control calificó de legal su detención.

La audiencia fue declarada privada, tal y como ha ocurrido desde el primer día del desahogo de la imputación.

El abogado José Luis Vargas se dijo sorprendido de que a la audiencia se presentara Juana Antonia Luna, esposa de Antonio y madre de los tres menores asesinados, en calidad de ofendida y con la Fiscalía que detalla la imputación de cargos contra su esposo.

Juana no llegó sola: con ella entró la regidora del PAN en el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, María Dolores Rosales, quien dijo acompañarla en calidad de “ciudadana sanmiguelense y vecina”; negó que estuviera ‘sacando raja política’ del caso y alcanzó a señalar a los reporteros: “yo creo en la inocencia de Antonio, pero una cosa es lo que yo creo y otra cosa son las leyes, ¿verdad?”.

“Ha estado hablando con ella mucha gente que trata de tener protagonismo e intervenir; en lugar de hablarlo con nosotros lo han hecho con ella”, comentó el abogado de Antonio.

Afuera, ante el grupo de manifestantes que llegó a la Presidencia Municipal en ánimo de tomar el edificio –después de que en la Procuraduría le hicieron saber que el caso “ya está en manos de un juez”- el gobierno del alcalde panista Ricardo Villarreal optó por emitir un comunicado en el que se solidarizó con las familias sanmmiguelenses, y exigió “justicia pronta y completa, con juicios bajo el debido proceso e información oportuna a nuestra sociedad”.

Por la noche, en la casa de los Luna Luna en la colonia San Luis Rey, mientras se rezaba el segundo de los rosarios frente a las imágenes de los santos y una fotografía de los tres niños, los familiares no vacilan en describir a Antonio como un hombre trabajador, que pocas veces toma un descanso, muy unido con su esposa y sus hijos.

La incredulidad permea entre los presentes, principalmente entre los hermanos de Juana y Antonio que recibieron las llamadas telefónicas de ella en la madrugada del sábado 14 desde la finca donde estaba con su esposo y los niños.

“Nos pedía que llamáramos a la policía, que fueran a ayudarlos porque los querían matar, que había muchos disparos, que estaban echando gas y sus niños estaban adentro –narró Bertha Chávez, tía de la pareja-. Nunca nos dejó pasar la Policía Municipal desde la carretera, no pudimos hacer nada, les fallamos…”.

 

Texto publicado originalmente en: Proceso

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