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El gobierno de México puso sobre la mesa un balance crítico en materia de cooperación judicial con Estados Unidos al informar que, de las 269 solicitudes de extradición presentadas entre enero de 2018 y mayo de 2026, ninguna ha resultado en la entrega de los imputados. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que 36 de estas peticiones han sido rechazadas formalmente por las autoridades estadounidenses, mientras que 233 permanecen en un limbo administrativo o bajo requerimientos de información adicional.
La mandataria subrayó que esta falta de resultados contrasta con las demandas de Washington hacia México, exigiendo un trato de reciprocidad que hasta ahora no se ha visto reflejado en los casos de alto impacto que el Estado mexicano ha intentado judicializar.
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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, desglosó el estancamiento de expedientes fundamentales para la seguridad y la justicia nacional. Entre los casos más destacados por la falta de respuesta o las trabas burocráticas se encuentran el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el de Víctor Manuel N., imputado por delincuencia organizada y desfalco a la Secretaría de Gobernación.
La lista incluye también a implicados en fraudes al Infonavit, como Rafael y Elías N., así como a figuras clave vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tales como José Ulises N. y Pablo N., alias “El Transformer”, cuyas solicitudes enfrentan constantes dilaciones bajo el argumento de Estados Unidos de requerir información adicional o pruebas complementarias.
La administración federal enfatizó que el proceso de extradición cumple rigurosamente con los cauces diplomáticos y jurídicos, turnándose a través de la Cancillería hacia la Fiscalía General de la República para su validación ante juzgados de distrito.
Sin embargo, la respuesta del gobierno estadounidense ha sido restrictiva, llegando a negar peticiones bajo criterios que consideran ciertos delitos como “no violentos” o argumentando que los imputados no representan un riesgo inmediato para su sociedad.
