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Luis Kova
Desde el Honorable Congreso del Estado de Puebla, la diputada Lupita Vargas dio a conocer los avances en la presentación de una iniciativa para actualizar la Ley Ganadera estatal, un marco normativo que no ha sido modificado en aproximadamente dos décadas.
En entrevista, la legisladora explicó que, aunque la capital poblana no cuenta con una vocación ganadera predominante, diversas regiones del estado —como la zona de Tepeyahualco— mantienen una importante actividad pecuaria, lo que hace necesaria una legislación acorde a los retos actuales del sector.
Detalló que la ley vigente, aprobada entre 2005 y 2006, resulta obsoleta frente a los desafíos contemporáneos, especialmente en materia sanitaria. Entre estos, destacó la necesidad de reforzar mecanismos de control y trazabilidad del ganado, con el objetivo de garantizar la sanidad y competitividad de la producción pecuaria.
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La iniciativa, señaló, es resultado de un proceso participativo que incluyó la realización de seis foros en distintas regiones del estado. En estos encuentros se recogieron propuestas de productores, académicos, asociaciones ganaderas y operadores del sector, lo que permitió integrar un proyecto con enfoque integral.
“El principal objetivo es proteger la producción pecuaria en todas sus variantes, desde el ganado bovino hasta el porcino, mediante un marco legal actualizado y transversal en materia sanitaria”, subrayó la diputada.
Lupita Vargas destacó que la propuesta ha sido bien recibida por el sector productivo, que ha manifestado la urgencia de modernizar la legislación ante el crecimiento y dinamismo de la actividad ganadera en Puebla, entidad que funge como punto de origen, tránsito y destino de productos pecuarios.
Asimismo, informó que la iniciativa se encuentra en revisión, tras observaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, y confió en que pueda avanzar durante el actual periodo ordinario para su dictaminación en la Comisión de Desarrollo Rural.
En cuanto a su agenda legislativa, la diputada señaló que esta se estructura en tres ejes principales: desarrollo rural, seguridad y atención a la violencia de género. En este sentido, enfatizó la importancia de vincular las políticas de seguridad con la perspectiva de género, particularmente en las regiones donde estos problemas son más visibles.
