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UN GRAN PORCENTAJE de personajes que ostentan un cargo en la Fiscalía no aprobó los controles de confianza
NOMBRES CERCANOS AL morenovallismo aún operan al interior del organismo
PESE AL CAMBIO DE administraciones, individuos colocados por RMV aún se encuentran en la nómina de la Fiscalía
Activista por la Justicia
Víctor Antonio Carrancá Bourget fue nombrado en el año 2011 procurador general de Justicia del estado de Puebla por parte del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Para efectos de operar la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) y tener acceso a la información confidencial que allí se maneja, Rafael Moreno Valle nombró un equipo de Comunicación Social, quedando María Cristina Ortiz López como Enlace de Comunicación Social de la PGJ con el Gobierno del Estado.
Actualmente, dentro de los actos de corrupción que se siguen cometiendo en la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, al arribo de Víctor Carrancá, en contubernio con Rafael Moreno Valle Rosas, nombran a José Carlos Proal Díez de Urdanivia como subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos. En esa trama, la misión del abogado José Carlos Proal fue atraer los negocios jurídicos más suculentos a su despacho, así como al de Víctor Carrancá, esto, en detrimento directo de todos y cada uno de los poblanos que se vieron afectados de manera dolosa por esta máquina jurídica de corrupción e impunidad que, por desgracia, sigue operando hasta el día de hoy y que en su momento favoreció tanto en aspectos de comunicación como legales al morenovallismo.
Ese grupo político pretendió, con dolo, seguir ostentando el poder a través de la hoy finada Martha Erika Alonso Hidalgo, ya que ella, en su momento, cuando José Carlos Proal no pasó los exámenes de control y confianza, impuso al abogado Octaviano Escandón Báez, quien sólo era una imagen, ya que realmente el que operaba era José Carlos Proal Díez de Urdanivia. Esta máquina de corrupción en la “procuración de justicia” que estructuró Víctor Carrancá, con José Carlos Proal, con el aval de Rafael Moreno Valle Rosas, es letal hasta el día de hoy, sin importar la presencia de José Higuera Bernal, actual encargado de despacho en la FGE.
Ese grupo se conformó por gente que ya trabajaba ahí, así como por quienes habían laborado en la antigua PGJ, quedando integrada por el abogado Jaime Huerta Ramos, Ricardo Herrera Zaldívar, quienes en 2011 fueron nombrados agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas y Control de Procesos. Cabe mencionar que el abogado Herrera Zaldívar fue recomendado en ese entonces por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Javier de Unanue y Bretón, así como por el abogado César Joaquín Sánchez Zepeda, quien se ostentaba como director de la Agencia Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos. Todos estos abogados que rendían informes directos al grupo de corrupción de Víctor Carrancá, siguen realizando suculentos negocios con el abogado José Carlos Proal, a través de su hermano José Federico Proal Díez de Urdanivia. Por otra parte, un grupo que no era de Puebla trabajó de la mano con el conformado por los poblanos, siendo los foráneos Juan Luis Galán Ruiz, Enrique Flota Ocampo (apoderado legal actual de Víctor Antonio Carrancá Bourget), su esposa Alicia Llamas Martínez, Fernando Rosales Solís y Celia del Carmen Solís y Macías.
Cuando se dio el cambio de poder en el Gobierno del Estado, entre el morenovallismo y el galismo, el gobernador entrante, Antonio Gali Fayad, sólo logró deshacerse de María Cristina Ortiz López, sabedor de que toda la información confidencial la filtraba directamente a una persona no grata de su grupo, como lo era Víctor Carrancá, a través de su nuera Pamela Carrión de la Torre. Pamela Carrión se casó con Víctor Roberto Carrancá de la Mora y juntos, durante todo el tiempo en la fiscalía, realizaron suculentos negocios con todas las obras de arte que se exhibían en copia a color, tanto en la fachada de la fiscalía como al interior, siendo informados de todo lo que pasaba al interior a través de su empleada María Cristina Ortiz López, hasta que fue despedida como enlace de Comunicación por el grupo de Gali Fayad.
En el año 2016 se dio el cambio de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General del Estado, siendo nombrado nuevamente Víctor Antonio Carrancá Bourget como fiscal por un periodo de 7 años. En ese entonces se generó una nueva estructura, la cual sigue operando a través de los incondicionales del morenovallismo, como Jaime Huerta Ramos, Ricardo Herrera Zaldívar y César Joaquín Sánchez Zepeda, quienes ahora ostentan cargos de dirección sin necesidad de ser nombrados y protestados por el Congreso del Estado. En este contexto, es preciso mencionar lo que hizo el director de la Agencia Estatal de Investigación, Juan Luis Galán Ruiz, quien llegó a robar al estado de Puebla como director de la Policía Ministerial en el año 2011, sin tener cédula de abogado, para posteriormente, en 2013, obtener el grado de Licenciado en Derecho, bajo las condiciones de expedición de títulos exprés que ha detectado el Dr. Melitón Lozano Pérez. En el año 2013, Galán Ruiz obtuvo el título de “Licenciado en Derecho y Maestro en Criminología”; antes, desde 2011, usurpaba funciones, al no tener el grado requerido para ostentar el puesto de director de la Policía Ministerial, ahora Agencia Estatal de Investigación, como consta en la consulta de sus cédulas profesionales. Antes de solicitar licencia como fiscal general del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a solicitud de su nuera Pamela Carrión de la Torre, en pago a los servicios que prestó al filtrar información, contrata nuevamente a María Cristina Ortiz López como directora de Comunicación Social de la FGE.
Todo ello, sin que presupuestaran el desprestigio en el que había caído Víctor Carrancá, y lo obligara a solicitar licencia a su cargo, para que llegara en su lugar el actual encargado de despacho de la FGE y ahora aspirante a ser titular de la misma dependencia, Gilberto Higuera Bernal. Higuera Bernal tendrá que explicar al gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, ¿por qué dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía se encuentran personas afines al morenovallismo? ¿Qué tan peligroso es para la seguridad del gobernador que personas como María Cristina Ortiz López tengan acceso a información confidencial y puedan filtrarla a los grupos enemigos del Gobierno del Estado? ¿Sabrán Miguel Barbosa y los diputados locales que un gran porcentaje de quienes ostentan cargos dentro de la FGE no tienen aprobados los controles de confianza, necesarios para pertenecer a este organismo? Tan sólo con analizar, a simple vista, las siguientes imágenes nos podemos dar cuenta del riesgo que corre el gobernador Barbosa, con el grupo compacto de Víctor Antonio Carrancá Bourget que continúa operando al interior de la Fiscalía.
A todo esto, nos preguntamos: ¿qué acciones legales y administrativas tomará el actual gobierno?, sabedores de que personas tan cercanas al morenovallismo, por cierto, con sueldos mensuales superiores a los $45,000.00 pesos, tengan acceso a reuniones de trabajo del gobernador, en donde se tratan temas de suma importancia y peligrosidad, por su misma naturaleza. Qué es lo que explicará Gilberto Higuera Bernal como para tratar de ganar la confianza del gobernador y su grupo jurídico y de Comunicación Social, a pesar de la gente que lo rodea, asimismo, que direcciones estratégicas de la FGE no atenten contra la seguridad del estado y del mismo gobernador, al ser gente cercana y perteneciente a lo que queda del morenovallismo, porque de este grupo, su lema textual, tal cual lo dice una fotografía en redes sociales es el de “GRATITUD ANTE EL APRENDIZAJE”.
María Cristina Ortiz López
