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Mariel Serrano
El Gobierno del Estado de Puebla inició una estrategia emergente para garantizar el derecho humano al agua mediante la distribución de agua potable en la zona metropolitana, donde 36 mil familias enfrentan problemas de desabasto. El programa comenzó con una flotilla de 100 pipas y contempla el suministro de 412.8 millones de litros durante los próximos seis meses y medio.
La administración estatal informó que esta acción busca atender de manera inmediata las necesidades de la población mientras continúan los procesos de revisión técnica, jurídica y documental, relacionados con la concesión del servicio de agua potable en la entidad.
El gobernador Alejandro Armenta señaló que el acceso al agua está reconocido como un derecho humano en la Constitución, por lo que corresponde a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno impulsar acciones que permitan garantizar este servicio a la población.
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El mandatario explicó que, paralelamente a las medidas de suministro, se mantiene una evaluación integral sobre el esquema de concesión vigente para determinar las acciones que correspondan conforme a la ley y evitar afectaciones a las y los poblanos.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, detalló que la primera etapa del programa tendrá una duración de seis meses y medio y contempla la realización de 51 mil 600 recorridos de distribución.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el operativo beneficiará de forma directa a 36 mil familias e impactará indirectamente a más de 136 mil 800 personas en distintas colonias de la zona metropolitana.
La primera entrega de agua se realizó en la colonia Ampliación Santa Lucía, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, donde habitantes que anteriormente debían destinar parte de sus ingresos a la compra del líquido ahora recibirán el suministro sin costo.
En paralelo al programa de distribución, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que continúa la auditoría a la empresa concesionaria encargada del servicio.
Las revisiones incluyen la verificación documental, física y técnica de las inversiones comprometidas por la compañía, con el objetivo de evaluar su cumplimiento y establecer las acciones legales o administrativas que resulten procedentes.
El funcionario precisó que estas investigaciones no detendrán las medidas implementadas para asegurar el suministro de agua potable, por lo que se mantiene la coordinación entre dependencias estatales para identificar las zonas prioritarias y garantizar atención permanente a la población.
