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Jacqueline Méndez
El Gobierno de Puebla denunció públicamente la existencia de un entramado de concesiones heredadas por pasadas administraciones que, según afirmaron, ha afectado de manera severa las finanzas del estado. Durante la conferencia matutina, el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, aseguró que “en Puebla nos estamos enfrentando con el cártel de las concesiones heredadas por los gobiernos de derecha”, señalando que algunos contratos fueron diseñados para comprometer recursos estatales durante décadas.
García Parra resaltó que el gobierno actual trabaja para restablecer el orden y desmantelar los modelos de inversión que, aseguró, fueron utilizados para legalizar el saqueo de recursos públicos. “Torcieron la ley para institucionalizar el saqueo y comprometer el dinero de las y los poblanos”, subrayó, al recordar que desde 2013 se implementaron obligaciones financieras disfrazadas de deuda que hoy representan un serio lastre para el presupuesto estatal.
Como ejemplo, expuso el caso del sistema de transporte RUTA, cuya concesión tiene una vigencia de 29 años. Reveló que revertir el contrato costaría al estado más de 22 mil millones de pesos, monto con el que podría renovarse por completo el transporte público. Este, dijo, es uno de los casos más claros de cómo dichas estructuras fueron creadas para beneficiar a particulares a costa del erario.
Otro caso señalado fue el del sistema de agua potable, también en manos de la iniciativa privada. El funcionario recordó que el Congreso del Estado fue despojado de su facultad para revisar y establecer tarifas, lo que ha permitido que la operación continúe sin controles públicos claros. Recuperar este servicio tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos; además, desde su implementación, ya se han pagado más de 4 mil millones derivados de este esquema.
García Parra afirmó que el gobierno encabezado por Alejandro Armenta actuará para poner fin a estas prácticas y recuperar el manejo responsable de los recursos estatales. “Vamos a ordenar y detener estos negocios que dañan las finanzas públicas. Puebla no puede seguir cargando con decisiones que beneficiaron a unos cuantos”, concluyó.
