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Exclusivas Puebla
En cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y como resultado de los procedimientos correspondientes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla emitió cuatro resoluciones sancionatorias contra personas servidoras públicas por faltas administrativas relacionadas con el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de obligaciones previstas en la legislación vigente.
De las resoluciones emitidas, dos derivaron en destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Las dos resoluciones restantes correspondieron a amonestaciones privadas por la presentación extemporánea de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
En Servicios de Salud del Estado de Puebla, Gerardo N. fue sancionado con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por nueve meses y dieciocho días, al no actuar con respeto en el desempeño de sus funciones como servidor público, toda vez que incurrió en faltas de respeto hacia una persona servidora pública.
En la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Arturo N. fue sancionado con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por ocho meses y doce días, al no conducirse con disciplina y respeto en el ejercicio de sus funciones como servidor público, toda vez que solicitó y recibió la cantidad de mil pesos de un alumno para acreditar una materia.
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En la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, María Fernanda N. fue sancionada con amonestación privada por presentar de manera extemporánea su declaración de situación patrimonial y de intereses, en la modalidad de conclusión.
En el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, David Saúl N. fue sancionado con amonestación privada por presentar de manera extemporánea su declaración de situación patrimonial y de intereses, en la modalidad de modificación.
El Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso con una administración pública responsable, íntegra y cercana a la ciudadanía, en la que el desempeño de las personas servidoras públicas se conduzca bajo los principios que rigen la función pública.
Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. En su caso, esta dependencia defenderá las determinaciones con la misma firmeza con que fueron investigados y substanciados los procedimientos.
El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno. Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos.
