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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció este jueves su política hacia Cuba al imponer sanciones económicas contra el presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, integrantes de la familia del expresidente Raúl Castro y cinco entidades estratégicas del Estado cubano.
“Hoy apuntamos a la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtiendo que cualquier institución financiera o empresa extranjera que preste servicios a los sancionados corre el riesgo de enfrentar medidas punitivas por parte de Washington. El funcionario subrayó que la administración de Donald Trump mantiene una política de confrontación contra lo que denominó “regímenes marxistas radicales” en el hemisferio.
Las restricciones alcanzan a figuras clave del entorno familiar de la cúpula gobernante, incluyendo a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto de Raúl Castro, así como a Manuel Anido Cuesta, hijastro del actual mandatario. Adicionalmente, el Departamento del Tesoro bloqueó activos y operaciones de organismos fundamentales para la estructura estatal:
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Minera La Victoria S.A.
Amistur Cuba S.A.
El gobierno cubano rechazó enérgicamente las medidas. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó la decisión como una “lista ilegítima y unilateral” que forma parte de una estrategia intervencionista de Estados Unidos. “La vil inclusión del presidente Díaz-Canel, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas, es la última muestra del plan estadounidense por presentar a Cuba como una amenaza a su seguridad nacional”, afirmó el canciller a través de sus redes sociales.
