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El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivió durante siete décadas en el mismo departamento de Madrid, volvió a poner bajo los reflectores la crisis de vivienda que atraviesa España y el creciente encarecimiento de los alquileres en las grandes ciudades.
La mujer residía en un departamento de 92 metros cuadrados ubicado en el barrio de Retiro, una de las zonas más cotizadas de la capital española. El desalojo se concretó este miércoles 23 de septiembre, después de varios años de litigio y tres intentos anteriores que habían sido aplazados por los tribunales.
Maricarmen vivía en el inmueble desde 1956, cuando su padre firmó originalmente el contrato de alquiler. Tras su fallecimiento, la vivienda pasó a ser ocupada por su esposa y, después de la muerte de esta en 2005, el contrato quedó en manos de su hija.
El alquiler correspondía al régimen conocido en España como “renta antigua”, utilizado para contratos firmados décadas atrás y que conservaban condiciones diferentes a las de los acuerdos actuales. Bajo este esquema, Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, una cantidad considerablemente inferior a los precios actuales de la zona.
El conflicto comenzó después de que el edificio cambiara de propietario. En 2018, la familia propietaria vendió el inmueble a Renta Corporación, empresa que en 2020 ofreció a Maricarmen comprar el departamento por 247 mil euros. La mujer rechazó la propuesta al señalar que no podía asumir ese costo.
Ese mismo año, Renta Corporación vendió posteriormente la vivienda a Urbagestión, la empresa que actualmente figura como propietaria. La compañía reclamó inicialmente un alquiler de 2 mil 650 euros mensuales y después planteó una cantidad de mil 650 euros, según la información difundida sobre el caso.
Esta última cifra también representaba un problema para Maricarmen, cuya pensión mensual es de aproximadamente mil 350 euros. Su abogada sostuvo que la mujer continuó pagando los 500 euros que había cubierto durante años y que nunca se negó a cumplir con sus obligaciones como inquilina.
La disputa llegó a los tribunales debido a la vigencia del antiguo contrato. De acuerdo con la interpretación aplicada en el caso, el contrato no podía prolongarse indefinidamente debido a que Maricarmen representaba una segunda sucesión dentro de la relación de arrendamiento familiar.
Finalmente, después de varios años de litigio, la comisión judicial acudió este miércoles al inmueble para ejecutar el desahucio. Debido a sus dificultades para caminar y a que residía en un sexto piso, Maricarmen tuvo que abandonar la vivienda en camilla y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón para una revisión médica.
Tras recibir atención médica, la mujer decidió trasladarse a la vivienda de familiares en lugar de aceptar una residencia temporal ofrecida por la Comunidad de Madrid.
El desalojo provocó una movilización de activistas y ciudadanos que acudieron al edificio para intentar impedir que Maricarmen fuera expulsada de la vivienda. Algunas personas incluso permanecieron en el lugar durante la noche anterior, entre ellas figuras públicas como el actor Carlos Bardem y la cantante Ana Belén.
Durante la mañana, cientos de manifestantes se concentraron frente al edificio, bloquearon el acceso y las escaleras y corearon consignas en apoyo de la mujer, entre ellas “Maricarmen se queda”.
La propia Maricarmen agradeció a quienes acudieron a respaldarla y calificó la situación como una lucha especialmente difícil frente a personas que, según expresó, buscan obtener beneficios económicos.
La protesta también derivó en un operativo policial. Los agentes acordonaron parte de la calle y retiraron a manifestantes y periodistas de la entrada del edificio. Algunos activistas denunciaron golpes y el uso de gas pimienta, mientras que la Delegación del Gobierno sostuvo que los agentes actuaron en cumplimiento de una orden judicial.
El caso también llegó a organismos internacionales. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó que se suspendiera el desahucio mientras examinaba la situación o que se proporcionara a Maricarmen una alternativa adecuada de vivienda.
Durante el conflicto también surgieron propuestas para evitar el desalojo. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, una escritora que prefirió mantener su identidad en el anonimato ofreció cubrir la diferencia entre los 500 euros que pagaba Maricarmen y los 2 mil 650 euros reclamados originalmente, además de posibles adeudos. Sin embargo, la oferta no evitó que el procedimiento continuara.
El Ministerio de Vivienda también informó que CASA 47, entidad pública de vivienda, había ofrecido comprar el departamento, pero la propuesta habría sido rechazada por Urbagestión.
El caso de Maricarmen ocurre en medio de un incremento sostenido de los precios de los alquileres en España. En Madrid, el precio medio anunciado alcanzó en agosto de 2026 los 23.3 euros por metro cuadrado, de acuerdo con los datos citados en el reporte, frente a los 12.8 euros registrados en agosto de 2016.
El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se construyeron alrededor de 750 mil viviendas menos de las necesarias para cubrir la demanda. La diferencia fue especialmente visible durante 2025, cuando se formaron aproximadamente 240 mil nuevos hogares, mientras que se incorporaron al mercado unas 92 mil viviendas nuevas.
La situación ha generado distintas interpretaciones sobre las causas de la crisis. El Gobierno español ha señalado en distintas ocasiones el impacto de la especulación y la actividad de empresas de inversión inmobiliaria, mientras que otros especialistas sostienen que una parte de la solución pasa por incrementar la construcción de viviendas y advierten sobre los efectos que los procesos prolongados de desahucio pueden tener en la decisión de algunos propietarios de poner sus inmuebles en alquiler.
