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 La estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible en México ha ocasionado un efecto “cucaracha”, es decir, provocó que las bandas “migraran” hacia otras actividades delictivas como el robo de gas LP (licuado de petróleo), que no es reciente, pero se ha incrementado. Según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) obtenidos a través de la Ley de Transparencia, las tomas clandestinas para el robo de gas LP pasaron de 67 en 2012 a 166 en 2017, un incremento de 140%. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el “huachicol” o robo de gas LP también afecta las finanzas de Pemex y representa pérdidas para el país que rondan los 1.000 millones de dólares.

Afirmó que en 2018 el robo de gas licuado de petróleo desde los ductos de Pemex sumaba más de 58.000 toneladas mensuales en el país, y que más de la mitad se sustrajo en la zona centro. El Estado de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz e Hidalgo son los estados más afectados por este delito. Con excepción de Tlaxcala, el resto también destaca en el robo de gasolinas. Sin embargo, mientras el “huachicol” de gasolinas ha bajado a partir de la estrategia federal para su combate, el robo de gas LP ha aumentado sobre todo en el Estado de México y municipios de Puebla ubicados en la zona conocida como “Triángulo Rojo”, en los límites con Veracruz, que fue epicentro del “huachicol” en la región centro del país. Arturo de Rosas, diputado del partido Morena en Puebla, aseguró que en su estado bajó 80% el número de tomas clandestinas para el robo de gasolinas. Pero ahora el nuevo gran negocio de los “hachicoleros” es el robo de gas LP. “Está en su apogeo”, dijo. Sólo el pasado jueves 14 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló en Puebla una banda de robo de gas LP que operaba en los municipios de Huejotzingo, San Pedro Cholula y Amozoc.

Ante estos hechos cada vez más frecuentes, el gobierno federal sumó ya al gas LP en su estrategia contra el “huachicol”, y ahora investiga también a las principales empresas dedicadas a la distribución de ese hidrocarburo. Entre las firmas están Grupo Soni, Soni Gas y Global Gas. También tiene bajo la mira a Banco del Bajío por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR, por su parte, investiga operaciones financieras en efectivo por más de 800 millones de pesos anuales, pues en años recientes las compañías bajo investigación han reportado ingresos anuales superiores a 5.000 millones de pesos y utilidades promedio por 387 millones. Sin embargo, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportaron no haber obtenido ganancias.

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