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El Economista / Agencias
Si las autoridades mexicanas decidieran apuntalar a los hogares y empresas para fortalecer la recuperación del consumo mientras se estabiliza el suministro de vacunas, podría utilizar los recursos disponibles en la Línea de Crédito Flexible (LCF) abierta en el Fondo Monetario Internacional (FMI), explicó el director del Centro de Análisis e Investigación Económica (CAIE) del ITAM, Felipe Meza.
La citada facilidad, que garantiza acceso inmediato, parcial o total a 63,000 millones de dólares de aquí a noviembre próximo, “es equivalente a tener acceso al mercado como un país desarrollado, pues está contratada a una tasa de 1%, más una tasa adicional que fluctúa entre 0 y 0.25%”, precisó. El acuerdo renovado con el FMI en noviembre de 2019 fue para un plazo de dos años que vencen en noviembre próximo.
El directivo admitió que “nada es gratis” y usar la LCF o ir al mercado financiero incrementaría el cociente de deuda sobre PIB.
Entonces “la recomendación hacia adelante será aplicar una reforma fiscal quizá no este año pero sí tan pronto como en el 2022 a manera de subrayar que se tomó más deuda para enfrentar la pandemia, pero se tiene el compromiso de reunir los recursos suficientes para pagar”.
Desde su perspectiva, la pertinencia de otorgar ahora un apoyo fiscal a los hogares y empresas ayudaría a limitar las quiebras de empresas generadoras de empleo ante el distanciamiento social.
Esto daría tiempo a que se estabilice el suministro de vacunas que es lo que marcará la confianza de la gente pues restablecerá la movilidad y permitirá a las empresas acelerar la apertura y ofrecer empleo.
“Al caer nuevos casos (de contagio) y conforme se normaliza la movilidad, se puede detener el cierre de empresas pequeñas y grandes con apoyos selectivos a los hogares y empresas que no tienen acceso al mercado crediticio”, consideró.
Conviene usarla parcialmente
Un análisis de la administradora de fondos de Franklin Templeton, explica que el objetivo de la LCF es proveer financiamiento de corto plazo a tasas atractivas para paliar posibles distorsiones financieras de la economía.
Señala que lo más conveniente es tomar sólo una proporción mínima del total disponible al plazo más corto para no comprometer de forma importante las finanzas públicas.
En dicho análisis, desarrollado por el administrador de fondos de la firma, Luis Gonzali, explica que por cada proporción de recursos que se pida prestado sobre la LCF, el FMI cobra 0.50% del monto por servicio.
Además, México tendría que pagar la tasa de interés de 1% más la tasa de mercado de los DEG (la canasta de monedas de economías avanzadas que opera como medio de pago en el FMI) que flota en un rango de 0 a 0.25 por ciento.
Así, en el análisis precisan que lo más conveniente es tomar el monto más bajo a un plazo corto, que se pueda pagar lo más rápido posible.
Esta alternativa ya está en marcha en Colombia, uno de los cuatro países que como México, tienen disponible esta facilidad, los otros dos países son Chile y Perú.
Los recursos disponibles del FMI
El Fondo Monetario Internacional tiene 190 miembros (países) y la representación de cada miembro en el FMI se da a través de un “cupo” (“quota”, en inglés) que refleja la posición relativa de cada país a nivel global.
Asimismo, el FMI tiene su propia moneda denominada “Derechos Especiales de Giro” (DEG) compuesta por una canasta de las 5 monedas más importantes del mundo: Dólar, Euro, Yuan, Yen y Poun.
Ahora bien, el cupo de un miembro dentro del FMI puede verse como porcentaje del total, o en función de los DEG. Particularmente, México representa el 1.87% del total, o bien, 8,912.7 millones de DEG.
¿Por qué esto es importante? Porque esto te indica qué tanto acceso a financiamiento puede tener un país ante el FMI.
Una forma de financiamiento que el FMI provee es la Línea de Crédito Flexible (LCF), que es una línea de crédito revolvente, que se puede firmar a 1 o 2 años (si es a dos años requiere una revisión de medio término), y que sólo tienen acceso países que cumplen con ciertos criterios de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. Ejemplo de países con acceso a LCF en Latinoamérica son México, Colombia, Chile y Perú.
Para el caso de México, el país cuenta con una LCF desde 2009, contratada por la SHCP para hacer frente a la crisis financiera de aquel año. En aquel entonces se contrató por 31,528 millones de DEG (alrededor de 46,000 millones de dólares), y se ha ido aumentando y disminuyendo según las necesidades.
Actualmente, el monto que tiene México contratado es de 44,563.5 millones de DEG (alrededor de 63,000 millones de dólares y es el 500% del cupo que México representa en el FMI), y la ratificación que la SHCP anunció el 20 de noviembre fue la revisión de medio término que lleva a cabo el FMI para las LCF contratadas a 2 años.
Asimismo, existe un plan para ir reduciendo el monto solicitado al FMI, para eventualmente desaparecer dicho apoyo, por lo que no nos debería extrañar si para noviembre del siguiente año se renueva dicha LCF, pero con un monto menor.
Si bien esa línea de crédito del FMI ayuda en condiciones adversas de mercado, nada es gratis. El costo de la LCF está dado por 3 cuotas: 1) Cuota de contratación; 2) Tasa de interés cobrado por disposición del crédito; 3) Cargo por servicio.
La cuota de contratación se paga de manera anual y se calcula como un porcentaje de la LCF. Lo que se cobre dependerá del monto contratado, a saber: a) 0,15% si el monto de la LCF es menor a 115% del cupo del país en cuestión; b) 0,30% si el monto va de 115% a 575% del cupo; c) 0,60% si el monto excede el 575% del cupo. Para el caso de México, la LCF que tenemos contratada actualmente, y que representa el 500% del cupo de México en el FMI, tiene un costo anual de 133,69 millones de DEG (alrededor de 200 millones de dólares al año).
El segundo costo asociado es la tasa de interés cobrada si es que se dispone del crédito. La tasa de interés anual se compone de 2 elementos:
- a) La tasa de mercado de los DEG (0.13% anual para la semana que termina el 29 de noviembre), los cuales actualmente flotan en el rango de 0 – 0.25%, y están en función de las tasas cobradas en las 5 economías que componen la canasta de los DEG, más un margen de 1%
- b) un elemento variable que dependerá del monto pedido y el tiempo del crédito.
A todo monto excedente arriba de 185% del cupo se cobrará 2% más. Si, además, el crédito se mantiene por encima del 185% por más de 3 años, la tasa variable sube a 3%.
La idea de manejarlo así es evitar que se pida mucho dinero por mucho tiempo. De hecho, los préstamos asociados a la LCF no pueden extenderse más allá de 5 años.
El tercer costo asociado es un cargo por servicio. Por cada monto que se pida prestado, se cobra 0.50% del monto. Este cargo es por cada “disposición” del crédito, y se cobra al inicio de la disposición.
El objetivo de la LCF del FMI es proveer financiamiento de corto plazo a tasas atractivas para paliar posibles distorsiones financieras en la economía. Es por eso por lo que castigan montos grandes y plazos largos.
Entonces, con todo esto, ¿le conviene a México usar la LCF que se tiene contratada con el FMI? Depende del tiempo y el monto.
Para poder comparar cuándo le convino a México usar la LCF, y cuándo no, veamos 3 escenarios y comparemos la tasa histórica del FMI (con sus penalizaciones) contra la otra alternativa financiera: salir a financiarte a mercado vía UMS de 3 y 5 años (deuda respaldada por el gobierno mexicano en USD a 3 y 5 años):
Escenario 1: Se pide prestado un monto menor a 185% el cupo de México (menor a 23,400 millones de dólares) a 3 años.
Escenario 2: Se pide prestado un monto mayor a 185% el cupo de México (mayor a 23,400 millones de dólares) a 3 años.
Escenario 3: Se pide prestado un monto mayor a 185% el cupo de México (mayor a 23,400 millones de dólares) a 5 años.
Para este ejercicio se considera como costo hundido la cuota de contratación, y se consideran como similares el cargo por disposición de la LCF y los costos asociados a la colocación en mercado de los UMS, por lo que solo se compara tasa de interés. Dicho esto, el diferencial de tasas entre los 3 escenario es muy notorio.
¿La LCF podría servir para prepagar deuda de Pemex?
Petróleos Mexicanos paga tasas mucho más altas que el soberano, haciendo un swap entre deuda cara (Pemex) por deuda más barata (LCF) podría pagar, en teoría, pero es un intercambio lleno de matices:
Pemex no quedará saneado en 3 o 5 años, por lo que pensar usar financiamiento de corto plazo para Pemex podría traer presiones de refinanciamiento cuando haya que pagar el crédito.
Al hacer el swap, en la contabilidad del endeudamiento del país habría cambios que podrían afectar la calificación crediticia de México. Contablemente, se aumentaría la deuda del Gobierno Federal, y algunas calificadoras (como Fitch y Moody’s) podrían considerarlo como un aumento en el endeudamiento (pues ellos no ven a los SHRFSP como la medida de endeudamiento más amplia para realizar sus cálculos).
Principalmente, por estas dos razones se vuelve poco viable usar la LCF para prepagar deuda de Pemex.
Como conclusión, la LCF tiene sentido usarse en momentos de emergencia, como cuando se seca la liquidez en el mercado internacional para que México pueda salir a refinanciar deuda o a levantar recursos necesarios para paliar algún desequilibrio en el sistema financiero. Sin embargo, usarla para solucionar problemas estructurales (como el sobre endeudamiento de Pemex) puede ser peligroso y muy costoso en términos financieros y en términos de confianza general.