Exclusivas Puebla y Agencias
En las elecciones del pasado 6 de junio, las más grandes en la historia del país, se erogó un presupuesto superior a los 37 mil 971 millones de pesos al sumar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPL) de las 32 entidades por lo que el voto, si todos los ciudadanos con credencial de elector salen el 6 de junio, será de 414 pesos con 45 centavos.
Si se considera sólo el del INE, que este año es de 19 mil millones 593 pesos, el sufragio individual fue de 206 pesos, un aumento de 59.37 por ciento comparado con 2018, cuando fue de 135 pesos.
A pesar de la crisis económica detonada por la pandemia, las elecciones de 2021 fueron las más caras que las intermedias de 2015 (para elegir a los 500 diputados). Otra vez se incumplió con la promesa de hacer más económicos los comicios.
Las cifras se encuentran actualizadas tras la reducción ordenada por la Cámara de Diputados al INE, misma que para su presidente, Lorenzo Córdova, es el recorte más fuerte en la historia del organismo pese a que enfrenta las elecciones que más cargos de elección popular se renovaron en el país, con 21 mil 368 puestos, entre ellas 15 gubernaturas.
De acuerdo con datos del INE, el organismo estatal que menos recursos gastó por voto fue Yucatán, con 59.98 pesos por sufragio, le sigue Puebla con 87.60 pesos y Oaxaca con 91.12 pesos por ciudadano que acudió a las urnas. En contraste, Campeche es la entidad que más recursos gastó conforme a lo solicitado en el total de su presupuesto anual, con 452 pesos por sufragio.
El panorama se agrava con el índice de abstencionismo, más del 48% no votó, debido a que históricamente las elecciones intermedias no registran alta participación ciudadana.
En las intermedias de 2015, el organismo electoral reportó que 47.72 por ciento de electores acudieron a las urnas.
En 2020, las elecciones locales de Coahuila tuvieron un costo de 389 millones de pesos y se registró una participación del 39.8 por ciento, mientras que en Hidalgo, donde se renovaron ayuntamientos, fue de 127 pesos.
Para Carlos Rosales, investigador en Derecho de la UNAM, “se debe pensar en un nuevo modelo de financiamiento para los partidos políticos, pues una cuarta parte de los recursos son destinados a ellos, y éste puede ser un esquema de libre recaudación, a través de sus propios medios, a través de donaciones, para que cada una de las elecciones no sea un dispendio al por mayor”.
Considerando que el promedio de la participación ciudadana en los procesos electorales se ubica en 60%, cada sufragio podría elevarse a casi 600 pesos.
El problema es que el abstencionismo se ha incrementado en las últimas elecciones. En las de 2019, en las que se eligieron cargos en seis estados (dos de ellos para gubernaturas), sólo 60% de los ciudadanos acudió a las urnas. Mientras que en las elecciones de octubre pasado de Coahuila e Hidalgo, la votación fue entre 50% y 59 por ciento.
En días pasados, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, subrayó que el principal desafío es la pandemia por el Covid-19. “Tenemos el desafío de procurar que la democracia y las elecciones democráticas no sean una víctima más de la pandemia”.
El INE estima que adicional a los casi 38 mil millones de pesos que se gastaron en 2021, se sumen mil 499 millones que se prevén para la consulta popular para juzgar a ex presidentes, a desarrollarse el próximo 1 de agosto. Pero dependen del Congreso de la Unión.
La bolsa final será muy superior a los 18 mil 572 millones que se ejercieron en el proceso de 2015.
El gasto electoral en México es mayor al presupuestado por el INE, sumando, por ejemplo, las prerrogativas indirectas y la bolsa de otros entes. Aunque en 2012 el instituto presupuestó 15 mil 953 millones, en realidad habría costado 40 mil 248 millones, según la organización México Evalúa.
¿En qué se gasta el dinero el INE?
Esto lo han preguntado muchos, principalmente aquellos que cuestionan la existencia de un organismo autónomo encargado de uno de los mecanismos de ejercicio democrático más importantes de una República. De acuerdo con los datos presentados por el propio INE poco más del 66% de sus recursos son distribuidos entre las juntas distritales y locales, la capacitación de funcionarios de casilla, la organización electoral (la compra de insumos, papel seguridad, urnas, etc.) y la actualización del Registro Federal de Electores, es decir, en garantizar en los hechos que el proceso se desarrolle de la forma más efectiva, transparente y segura para renovar en cada ejercicio, el voto de confianza de cada elector en el sistema político en el que participa.
Este año, el proceso electoral fue inédito en muchos sentidos, en primer lugar este año los ciudadanos eligieron a poco más de 21 mil representantes populares en todo el país, algo nunca antes visto, en segundo lugar, es inédito el uso de urnas electrónicas en dos entidades federativas (Hidalgo y Coahuila) que, de probar su efectividad y seguridad, podrían ser el inicio de un avance gradual al uso de herramientas tecnológicas que no sólo disminuyan considerablemente los costos de las elecciones, sino que mejoren y acorten los tiempos de respuesta y entrega de resultados para dar certidumbre a los actores políticos y a la propia ciudadanía, finalmente también decimos que es un ejercicio inédito porque lamentablemente se llevará a cabo en medio de una serie de dudas y ataques al árbitro electoral desde la propia esfera gubernamental (a la que debe el proceso del cual emanó su posición) que debe dividir parte de sus esfuerzos en su propia defensa ya que si existe duda sobre la imparcialidad del organizador, ¿de qué sirve cuanto más gastemos en nuestras elecciones?
La responsabilidad ahora es nuestra, querido lector, lectora, piense que en promedio este año se gastaron más de 400 pesos por votante en la organización de las elecciones y la propuesta de candidatos de cada partido político (por lo menos), así que, cuando no asistimos a ejercer aquello que más que nuestro derecho, es nuestra obligación política y social, contribuimos al desperdicio de los recursos públicos que bien podrían servir para otros fines.
Por el bien de México y por el propio, hagamos nuestro el ejercicio, que tenga sentido el costo de las elecciones y que se traduzca en una participación que sea, tan inédita como los tiempos que vivimos.
Y todavía incumplen promesas
Prerrogativas. El financiamiento público a los partidos políticos en 2021 a nivel nacional fue por siete mil 226 millones de pesos. Esto significa mil 871 millones más con respecto a los cinco mil 355 millones que se les otorgaron durante el proceso electoral de 2015, cuando se celebraron también elecciones intermedias.
Gasto. Del total de las prerrogativas, mil 575 millones se destinaron para el desarrollo de las campañas de los partidos y 31.5 millones para el conjunto de candidaturas independientes. El mayor monto corresponde al gasto para el sostenimiento de las actividades ordinarias, por cinco mil 250 millones.
La reducción del financiamiento que tuvieron las fuerzas políticas en este año, de 81 millones de pesos menos que el erogado hace cinco años (250 millones frente a 331 millones), no impactó en el gasto por sufragio.
En un diagnóstico de las elecciones de hace cinco años, elaborado por Enrique Rocha, académico del ITESO, se señala que el abstencionismo fue más fuerte en el voto urbano. En 11 de 16 ciudades medias y municipios metropolitanos, éste fue superior al 50% y, en ningún caso, los candidatos ganadores rebasaron 25% de los posibles electores. “Esta situación supone un serio problema de legitimidad.
