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El doble feminicidio ocurrido en la preparatoria Antón Makarenko ha puesto en jaque la percepción de justicia en Michoacán. Osmar “N”, el adolescente de 15 años capturado por el asesinato de dos maestras, podría recibir una sentencia de internamiento de apenas 3 a 5 años, una fracción de la condena que recibiría un adulto por el mismo crimen. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, admitió que este caso representa un desafío institucional, ya que la ley actual prioriza la reintegración social del menor por encima del castigo punitivo, incluso en ataques de naturaleza premeditada.
Crónica de un ataque deliberado
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) pintan un escenario de frialdad absoluta. El adolescente ingresó al plantel entre las 7:30 y 7:40 horas, ocultando un rifle de asalto AR-15 dentro de una funda de guitarra para evadir la seguridad. Las grabaciones de videovigilancia son contundentes: no hubo discusión ni altercado previo. Osmar “N” disparó primero contra una maestra que se encontraba de espaldas y, acto seguido, contra otra docente que intentaba resguardarse del ataque.
La premeditación se sustenta no solo en el modo de ingreso, sino en la evidencia digital. Horas antes de la tragedia, el menor publicó videos en redes sociales portando el arma y difundiendo mensajes de odio. El rifle pertenecía a su padrastro, un exintegrante de una corporación federal de seguridad, y fue sustraído del domicilio familiar. Al no contar con registro oficial, las autoridades también investigan la procedencia ilegal del armamento.
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La Ley frente a la indignación social
El fiscal Torres Piña explicó que, para adolescentes de 15 años, el marco legal establece un tope de tres años de internamiento, el cual puede extenderse a cinco años si el juez especializado así lo determina según la gravedad. En contraste, un adulto enfrentaría hasta 50 años de prisión por feminicidio. “Es un tema que está en la ley donde garantiza ciertos derechos a la niñez”, reconoció el fiscal, subrayando que su labor es acreditar los elementos para que el proceso avance con el mayor rigor posible dentro de los límites vigentes.
Por su parte, el diputado Carlos Bautista Tafolla expresó la indignación de diversos sectores sociales al sugerir que, a título personal, el crimen ameritaría la pena de muerte por arrebatar la vida a dos madres de familia. Sin embargo, el Congreso estatal ha rechazado previamente iniciativas para endurecer estas penas, calificándolas de inconstitucionales.
Un fenómeno en ascenso
Este caso no es un hecho aislado. La Fiscalía reveló que, desde agosto pasado, se han judicializado 13 casos de menores involucrados en delitos graves, como homicidio y delincuencia organizada en la entidad. El caso de la preparatoria Makarenko, ahora atraído a Morelia para su proceso, se convierte en el epicentro de una exigencia ciudadana por reformar las leyes que, a ojos de las víctimas, parecen favorecer la impunidad en aras de una reinserción que hoy se percibe lejana.
