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Esta iniciativa fue presentada a nivel federal, y se busca replicar en más estados de la República, especialmente en Puebla y Tlaxcala.
Airy Rojas
Colectivos de Puebla, como la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos, junto con la diputada federal Salma Luévano, primera legisladora trans del país, informaron que presentaron en la entidad la iniciativa Ley Ociel, en honor a le magistrade Ociel Baena; con el fin de castigar cualquier discurso de odio hacia una persona o grupo debido a su origen étnico, identidad de género, discapacidad, entre otros.
En conferencia de prensa en el zócalo capitalino, se informó que el documento que contiene esta iniciativa fue presentado a nivel federal, y se tiene contemplado se replique en más estados de la República, siendo los primeros en obtener el documento tanto Tlaxcala como Puebla.
Los colectivos tenían planeado presentarlo este jueves 23 de noviembre ante el Congreso local pero, debido al plantón que se tiene, no fue posible realizarse esta acción; aunque se continuará promoviendo esta iniciativa.
La iniciativa alberga reformas al artículo 229 al Código Penal del Estado, con una pena de hasta seis meses de prisión a quien provoque o incite un delito; así como, en caso de que el delito no lograse concretarse, imponer una sanción a quien resulte participante en el mismo; a la vez, imponer una pena máxima de entre 40 a 60 años de prisión por crímenes de odio, para homicidios por orientación sexual, identidad y expresión de género.
La provocación para efectuar un delito de esta índole puede tomarse en cuenta si ésta proviene de redes sociales, y si el motivo del discurso de odio tiene que ver por el origen étnico, la identidad de género, alguna discapacidad, o algún otro, que provenga de una persona o un grupo de ellas.
Aunado a ello, se puntualizó que el ministerio público deberá conducir la investigación con perspectiva de diversidad sexual; ejemplificando el caso de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Daniel Herrera, quienes fueron encontrados sin vida en su vivienda en Aguascalientes.
Por ende, además de la reforma al Código Penal del Estado, se busca una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía, en la que se busca ésta aplique la perspectiva de diversidad sexual en todos los casos; por lo que activistas piden se tome en cuenta si el delito fue en contra de una persona gay, lesbiana, transgénero, entre otras identidades de género.
