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Mariel Serrano
El Ayuntamiento de Puebla anunció que reforzará las acciones para retirar bardas con promoción política ubicadas en el Centro Histórico y otras zonas protegidas de la ciudad, además de recordar a los partidos políticos que este tipo de intervenciones están prohibidas por la normativa municipal.
La Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural informó sobre la coordinación con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para notificar a las fuerzas políticas sobre las restricciones vigentes en materia de imagen urbana y conservación del patrimonio.
La titular, Aimeé Guerra Pérez, explicó que su dependencia no cuenta con facultades para imponer sanciones; sin embargo, sí puede intervenir para eliminar mensajes colocados en bardas y fachadas, de manera similar a los procedimientos que se aplican para el retiro de grafiti.
La funcionaria señaló que el objetivo es preservar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad y evitar afectaciones visuales en áreas consideradas de valor histórico y cultural.
Como parte de estas acciones, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano será la encargada de establecer comunicación con los partidos políticos para recordarles las disposiciones municipales relacionadas con la colocación de propaganda en espacios no autorizados.
El anuncio ocurre en un contexto en el que diversas bardas de la capital poblana han sido utilizadas para difundir mensajes de apoyo hacia personajes de la vida pública, lo que ha generado señalamientos sobre posibles actos de promoción anticipada.
Proponen inspecciones y sanciones por propaganda en bardas
En paralelo, integrantes del Cabildo impulsan medidas para fortalecer la supervisión de este tipo de expresiones en la vía pública. La propuesta fue presentada por regidores de distintas fuerzas políticas con el propósito de realizar inspecciones y aplicar las sanciones correspondientes cuando se detecten irregularidades.
De acuerdo con el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun), las multas por realizar pintas no autorizadas pueden ir desde 23 mil 460 hasta 351 mil 900 pesos, dependiendo de las características de la infracción.












