Dulce Gómez
El bloque de Juntos Haremos Historia en el Congreso Local impulsó la armonización con la Ley de Disciplina Financiera que fijará a partir de ahora que los Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Pública Privada (APP) sean considerados como pasivos de la entidad y con ello sumarlos a la deuda pública heredada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle. Con los votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Verde y los votos en contra de Por Puebla al Frente, el Congreso avaló las modificaciones de la Ley de Deuda Pública, la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que las figuras conocidas como PPS y APP sean transparentadas por la administración estatal.
De igual modo, las disposiciones rechazan el derecho unilateral del gobernador en turno para autorizar dichos contratos para la realización de obra pública con inversionistas privados y, con ello, verse obligado a requerir el aval del Congreso del Estado. Con estos cambios, pasarán a ser deuda pública los 14 contratos que firmó el ex gobernador Rafael Moreno Valle, como son el de la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, la plataforma de AUDI, en San José Chiapa y el Museo Internacional del Barroco (MIB), que en suma de los tres representan una deuda de 22 mil 540 millones de pesos heredados de la gestión morenovallista y mismos que comprometen a los poblanos por cuando menos 25 años. En su intervención, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, aseguró que sería “saludable” para los poblanos que se transparenten estos contratos y se determine su costo-beneficio, pues se signaron de manera unilateral por el entonces mandatario panista. “Sería saludable conocer esos contratos, pues así podríamos tener referencia de los accionistas y de los porcentajes financieros que firmó Rafael Moreno Valle en nombre del Estado.
También podríamos tener los estudios de los 14 PPS que comprometen las finanzas públicas del estado hasta por un plazo de 25 años y conocer los contratos que firmaron los municipios”, dijo. En tanto, Gerardo Islas sostuvo que las deudas a futuro por un servicio no deben considerarse como deuda pública, y en caso que se cambie la ley, las calificadoras podrían restarle puntos a Puebla. “En caso de que esta ley sufra cambios, las calificadoras internacionales que tienen a nuestro estado, están en peligro. Hoy los PSS ascienden a 22 mil 450 millones de pesos, ahí está el CIS, Audi, el Museo Internacional Barroco y se han pagado más 1,212 millones de pesos”.
