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Mariel Serrano
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que su administración analiza decretar una moratoria de pagos por CIS, como parte de una estrategia para renegociar la deuda heredada por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, al considerar que el monto comprometido resulta desproporcionado frente al valor real del inmueble.
El mandatario explicó que el contrato, firmado durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, establece pagos hasta el año 2037, lo que llevaría a que el estado erogue cerca de 7 mil millones de pesos por un edificio cuyo costo estimado no supera los mil 500 millones de pesos. A la fecha, detalló, ya se han cubierto 2 mil 617 millones de pesos, por lo que aún restan más de 4 mil 300 millones de pesos por pagar.
Armenta Mier señaló que esta situación representa una carga significativa para las finanzas públicas y afirmó que los recursos comprometidos podrían destinarse a áreas prioritarias como seguridad, salud y educación.
En este contexto, reiteró que su administración no descarta entrar en una moratoria de pagos por CIS si no se logra un acuerdo que permita concluir anticipadamente la obligación financiera.
El gobernador hizo un llamado a las empresas responsables del proyecto, Grupo Técnico Constructor S.A. de C.V. y Alfa Constructores, para entablar un diálogo que permita revisar las condiciones del contrato y alcanzar una solución negociada. Precisó que, en caso de no existir disposición para un acuerdo, el gobierno estatal recurrirá a instancias legales.
Como parte de las acciones anunciadas, el Ejecutivo estatal informó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una revisión del contrato y de los pagos pendientes relacionados con el CIS, con el objetivo de garantizar legalidad, transparencia y protección del patrimonio público. Subrayó que esta medida no constituye una amenaza, sino un acto de responsabilidad institucional.
Finalmente, el gobernador adelantó que en los próximos días dará a conocer información sobre diversos procesos legales heredados por su administración, relacionados con demandas de empresas constructoras que reclaman pagos por obras no ejecutadas o ampliaciones que no fueron realizadas, reiterando su compromiso con la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.
