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Mariel Serrano
La crisis forense en Puebla fue analizada durante el conversatorio “¿Cómo se ve la crisis forense?”, realizado en la Universidad Iberoamericana Puebla como parte de la Jornada Resistimos y Florecemos, un espacio de reflexión académica y social sobre la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Durante el encuentro participaron Shanik David, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, y Aranzazú Ayala, representante de la organización A Dónde Van los Desaparecidos, quienes expusieron distintos elementos que evidencian las limitaciones estructurales del sistema forense en la entidad y en el país.
De acuerdo con datos presentados en el análisis, la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó, con corte a marzo de 2024, la existencia de más de 2 mil 500 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses del estado, cifra que se inserta en un contexto de aumento constante en los casos de desaparición. Las ponentes subrayaron que esta situación vulnera el derecho de las personas a ser buscadas e identificadas.
Shanik David reconoció avances por parte de la Fiscalía, particularmente en materia de identificación, aunque cuestionó la consistencia de las cifras oficiales presentadas en distintos informes. Señaló que, si bien se reporta un incremento en el número de cuerpos identificados y entregados a familiares, el ritmo de los resultados sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Asimismo, afirmó que el Estado, como estructura institucional, ha fallado en los procesos de búsqueda e identificación, lo que ha derivado en que muchas familias desarrollen conocimientos especializados para localizar e identificar a sus seres queridos, ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Por su parte, Aranzazú Ayala indicó que las comisiones de búsqueda enfrentan rezagos importantes, reflejados tanto en los resultados como en las denuncias de las familias. Señaló que no existe personal suficiente ni especializado en búsqueda de personas, lo que limita la correcta implementación de los mecanismos previstos en la ley.
Ambas participantes coincidieron en que, aunque el marco legal en México y en Puebla es sólido y ha tenido avances relevantes, su principal debilidad radica en la falta de ejecución efectiva. Además, señalaron que la crisis forense no se reduce únicamente a la identificación de cuerpos, sino que incluye la ausencia de registros claros, la saturación de los servicios forenses y el manejo deficiente de fosas comunes y clandestinas.
El conversatorio fue moderado por Odette Solís y Pamela González, integrantes del IDHIE IBERO Puebla, y formó parte de una agenda académica orientada a visibilizar la problemática como un asunto estructural que requiere atención integral por parte del Estado mexicano.
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