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Por: Eduardo Sánchez
En este periodo de elecciones, el combate a la corrupción es una de las promesas que han hecho algunos de los candidatos a la gubernatura de Puebla, sin embargo, datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señalan que el estado es uno de los que menos incidencia reportan en este delito. Durante 2017, el INEGI ubicó a la corrupción como el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, así como, en tan sólo dos años, la percepción de dicho delito tuvo un aumento, pasando del 50.9 al 56.7 por ciento. En cuestión de experiencias de corrupción de la ciudadanía, se estimó que el contacto con autoridades de Seguridad Pública ocupa el primer lugar, con 59.5 por ciento de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición, construcción u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad, con 30.7 por ciento. Ante esto, el Instituto reveló que Puebla reporta la segunda tasa más baja de víctimas por actos de corrupción, con tan sólo 9.6 mil por cada 100 mil habitantes; el lugar más bajo lo ocupa Guanajuato, con nueve mil por cada 100 mil habitantes.
Mientras que los estados con mayor reporte de víctimas son la Ciudad de México, con 20.1 mil; Quintana Roo, con 17.6 mil; Morelia, con 17.2 mil; y San Luis Potosí, con 16.7 mil. El promedio a nivel nacional es de 14.6 mil víctimas por actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Al igual que el primer caso, la entidad poblana ocupa el segundo lugar con menor incidencia en cuestión de actos de corrupción, con 13.4 mil actos, sólo por debajo de Colima, que reporta un total de 12.6 mil por cada 100 mil habitantes. En este rubro, se incluyeron secciones sobre confianza en personas, instituciones o actores de la sociedad, con la cual, se ha podido estimar que las personas confían más en familiares así como en universidades públicas, al contar con 87.3 por ciento y 76.8 por ciento, respectivamente. El menor grado de confianza se presentó en los partidos políticos, con 17.8 por ciento.
Sistema Local de Anticorrupción
El Comité de Participación Ciudadana, encargado de vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, ha revelado que, hasta febrero de 2018, el estado cumple con la estructura operativa de los Sistemas Locales de Anticorrupción, aunque tiene déficit en actualización del marco jurídico. En cuestión de estructura, Puebla cumple con los cinco puntos estipulados por el Comité, los cuales, son la conformación de un Comité de Selección, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador, Secretaría Ejecutiva y un Fiscal Anticorrupción.
Cabe mencionar que sólo 11 estados han concluido con la instalación de la estructura operativa (sin incluir al Fiscal Anticorrupción), además de Puebla, se encuentran los estados de Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, lo cual representa sólo el 33 por ciento del total de entidades. Sin embargo, de los ocho aspectos a calificar en cuanto al cumplimiento del marco jurídico, sólo se aprueban cinco puntos. El estado sí cuenta con una reforma a la Constitución Local, a la Ley Estatal de Corrupción, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, todo, en materia de corrupción. Mientras tanto, se carece de una actualización a la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, así como al Código Penal del estado. En ese ámbito, Querétaro se ha convertido en el único y primer estado en tener su sistema nacional anticorrupción completo. Por su parte, Tlaxcala es la entidad más atrasada, porque sólo cuenta con la reforma constitucional en materia anticorrupción y aún no ha emitido la convocatoria para la integración de la Comisión de Selección, por lo que no cuenta con ninguna de las figuras orgánicas.
