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Eduardo Sánchez
Las acciones de autoridades federales para combatir el robo de combustible continúan, a pesar de las inconformidades de los últimos días. El último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que en Puebla se han detectado cuatro regiones de lavado de dinero de huachicoleros, así como se investigan a diferentes personajes. El pasado 17 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que investigan 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras derivadas del robo de combustible. De éstos, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió cinco casos por lavado de dinero que involucran a empresarios, así como a un ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), un ex diputado local y un ex alcalde. Aunque no se especificó el nombre de los involucrados en la conferencia de prensa del Gobierno Federal, se sabe que uno de los sujetos investigados es el ex diputado local de Compromiso Por Puebla (CPP), Manuel Pozos. En días pasados le fueron congeladas sus cuentas por presuntamente haber obtenido 332.3 millones de pesos entre 2017 y 2018, producto de la venta ilegal de combustible. Pozos es propietario de al menos cuatro gasolineras ubicadas en Libres, Oriental y San Andrés Cholula.
En 2017, el entonces diputado solicitó licencia para poder ausentarse de sus actividades legislativas y desempeñarse como titular de la Notaría Pública 2, ubicada en Libres, y en ese mismo año, Petróleos Mexicanos (Pemex) rescindió el contrato de abastecimiento para la gasolinera de Pozos con número de estación E00508, ubicada en avenida Manuel Ávila Camacho, número 999, en el centro del municipio de Libres. A finales de ese año se realizaron auditorías que demostraron que el combustible vendido era mayor a las reservas compradas a Petróleos Mexicanos, razón por la cual empezó una investigación contra el político. Además de la estación que tiene en Libres, se reportan otras tres, la primera en Ávila Camacho, otra en dirección en Anillo Periférico Ecológico, San Andrés Cholula, y la tercera, en la carretera federal Puebla-Teziutlán, Libres.
POBLANOS Y EL HUACHICOL
Otros siete personajes han estado involucrados y podrían formar parte de las investigaciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realiza para acabar con el robo de combustible en el país. Puebla ha sido una de las entidades que más han aportado al delito del huachicol y han generado diversos personajes ligados con este ilícito. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Puebla se han originado 30 reportes contra sujetos involucrados en la venta de combustible ilegal. En este rubro, se sabe que algunos ex ediles han sido vinculados con estos reportes. Tal es el caso de Inés Saturnino, alcalde de Tecamachalco, quien fue investigado por autoridades locales y federales de la pasada administración por su presunta relación con huachicoleros y por contar con varias estaciones de gasolina. Pablo Morales Ugalde, ex presidente municipal de Palmar de Bravo había sido acusado hace dos años por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; además de que fue aprehendido y trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Veracruz. A este “huachiedil” le investigaban tres gasolineras de su propiedad con las que presuntamente habría vendido combustible robado, además de hacer desvíos por más de 20 millones de pesos a las cuentas de su hija.
Fue puesto en libertad tras obtener un amparo del Poder Federal. José Isaías Velázquez Reyes es otro ex edil relacionado con el huachicol y con presuntos nexos con el grupo comandado por Roberto de Los Santos de Jesús, alias ‘El Bukanas’. El ex edil fue señalado, junto con tres uniformados, de entregar a agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) a un grupo de sicarios. Fue detenido y liberado 17 meses después. A José Luis Rechy, ex edil de Cuyoaco le fue suspendida su estación de servicio por irregularidades en la venta del combustible, mientras que a Néstor Camarillo, de Quecholac; y Genaro Negrete Urbano, edil de Naupan, fueron acusados de encubrir acciones delictivas de ladrones de combustibles, estando este último fallecido desde el pasado mes de agosto.
