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Redacción
La Comisión Instructora que preside el diputado Fernando Sánchez Sasia (Morena) aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo anual de este Órgano Colegiado que tiene como propósito, sustanciar los procedimientos para que el Pleno del Congreso pueda erigirse en gran jurado para declarar si es procedente o no la formación de causa de juicio político, declaración de procedencia o desafuero en contra de funcionarios públicos que hayan cometido algún delito del orden común. Sánchez Sasia explicó que, en caso de ser necesario, la Comisión Instructora practicará las diligencias necesarias para comprobar la conducta o hecho de la denuncia, así como precisar la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.
“La Comisión instructora, cuando se presente el caso, practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado. Si el gran jurado declara que hay lugar para proceder contra el presunto inculpado, éste será separado de su empleo o cargo y estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes”. Biestro Medinilla aclaró que la Comisión sólo procederá en casos o denuncias puntuales en contra de funcionarios públicos que hayan cometido algún delito en caso de existir alguna solicitud de inicio de procedimiento de juicio político.
