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Mariel Serrano
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió 48 resoluciones sancionatorias durante 2025 y 2026, que derivaron en 27 amonestaciones, tres suspensiones y 18 destituciones; de estas últimas, 14 incluyeron inhabilitación.
Durante la conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario Alejandro Espidio Reyes informó que también se turnaron 59 procedimientos por faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa, principalmente por desvío de recursos y abuso de funciones.
El Gobierno de Puebla ha separado de sus cargos a 315 servidores públicos desde diciembre de 2024, cuando inició la administración de Alejandro Armenta, por incumplimientos y distintas irregularidades en sus funciones. Además, durante 2026, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno recibió 4 mil 511 quejas y denuncias, y mantiene 554 expedientes en investigación.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, informó que los reportes se recibieron mediante correo electrónico, la línea Prointegridad y una plataforma digital. También explicó que las separaciones no necesariamente corresponden a sanciones por corrupción, pues varias se realizaron por la vía laboral ante omisiones o incumplimientos.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta señaló que las 315 separaciones representan, en promedio, un servidor público cada dos días.
Espidio Reyes detalló que los 554 expedientes derivan de denuncias ciudadanas, señalamientos de otras autoridades y resultados de auditorías. Asimismo, al cierre de octubre se contabilizaron 149 procedimientos de responsabilidad administrativa en etapa de sustanciación.
Esta fase comprende audiencias, comparecencias y revisión de pruebas. La dependencia indicó que las investigaciones permanecen reservadas para proteger su desarrollo y garantizar la presunción de inocencia.
REPORTAN 48 RESOLUCIONES SANCIONATORIAS
Desde el inicio de la administración, la Secretaría ha emitido 48 resoluciones sancionatorias:
- 27 amonestaciones.
- 3 suspensiones.
- 18 destituciones.
De las destituciones, 14 incluyeron inhabilitaciones para ocupar cargos públicos y en dos casos se ordenó reintegrar recursos.
Entre las conductas sancionadas están la presentación de documentos falsos, transferencias sin autorización, simulación de actuaciones, presentarse a trabajar en estado inconveniente y solicitar dinero a cambio de favores.
TURNAN 59 PROCEDIMIENTOS POR FALTAS GRAVES
La dependencia también informó que ha remitido 59 procedimientos al Tribunal de Justicia Administrativa por posibles faltas administrativas graves. De estos, 25 corresponden a presunto desvío de recursos públicos y 22 a abuso de funciones.
Los 12 restantes están relacionados con uso indebido de recursos públicos, cohecho, nepotismo, peculado, desacato y utilización de información falsa.
Durante 2026, el Tribunal ha impuesto 13 sanciones por este tipo de faltas.
IRREGULARIDADES EN SEGURIDAD Y EDUCACIÓN
En seguridad pública se reportaron casos relacionados con inasistencias reiteradas, detenciones ilegales, presentarse a trabajar en estado inconveniente y solicitar dádivas.
En el sector educativo se levantaron actas administrativas por abandono de empleo, faltas injustificadas, hostigamiento, acoso y maltrato escolar. Según la gravedad, estas conductas pueden derivar en ceses o terminación de nombramientos.
INICIAN 149 AUDITORÍAS DURANTE 2026
Como parte de la fiscalización del gasto público, la Secretaría inició 149 auditorías a dependencias, entidades, fondos y programas gubernamentales para revisar el ejercicio de los recursos e identificar posibles irregularidades.
Finalmente, Alejandro Armenta señaló que ningún gobierno está exento de conductas irregulares y que corresponde a las autoridades investigar los señalamientos y sancionar aquellos casos en los que se acrediten responsabilidades.
