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La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado las diligencias en torno a la polémica operación en el municipio de Morelos, Chihuahua, confirmando que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han sido llamados a comparecer. Los militares, quienes habrían realizado funciones de seguridad perimetral tras el hallazgo de un supuesto narcolaboratorio, se suman a la lista de más de 50 involucrados que ya han sido interrogados por las autoridades federales.
La investigación busca determinar si existió una cadena de custodia adecuada y si el operativo, que resultó en la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia el pasado 19 de abril, cumplió con la normatividad legal o representó una vulneración a la soberanía nacional.
El órgano autónomo ha sido enfático al señalar presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, acusándola de invadir facultades exclusivas de la Federación al coordinarse directamente con agentes extranjeros sin la intervención del Gobierno de la República.
Según los registros federales, los agentes ministeriales que arribaron al sitio tras el incidente no recibieron la cadena de custodia ni los indicios recolectados por las autoridades locales, lo que ha derivado en la apertura de una carpeta de investigación por delitos de ejercicio ilícito de atribuciones.
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La FGR mantiene actualmente el resguardo de la zona con apoyo de fuerzas federales, mientras trabaja en la identificación de los propietarios del inmueble y de posibles empresas proveedoras vinculadas a las instalaciones clandestinas.
El caso ha generado una profunda tensión política debido a la presencia confirmada de agentes de la CIA en suelo mexicano, una situación que, según la FGR, contraviene la prohibición constitucional que impide a las entidades federativas establecer alianzas o coaliciones con otros estados o países. Mientras las declaraciones de los elementos estatales y federales continúan, crece la incertidumbre sobre el alcance de las responsabilidades políticas, sin que hasta el momento se haya definido si la gobernadora María Eugenia Campos será citada a declarar.
