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El juez dictó prisión preventiva mientras se investigan antecedentes de violencia familiar y salud mental.
Exclusivas MX
La justicia de Baja California ha dictado una resolución contundente en el caso del pequeño Vicente, el niño de tres años que perdió la vida tras quedar atrapado en una camioneta en Mexicali. Roxana “N”, madre del menor, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, luego de una audiencia de 16 horas en la que se detallaron las terribles condiciones de su muerte.
Según los peritajes, el niño permaneció más de 12 horas sin ventilación bajo las extremas temperaturas de la región, lo que le provocó no solo el golpe de calor fatal, sino quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos. Ante la gravedad de los hechos, el juez determinó que la mujer permanezca en prisión preventiva durante los próximos cuatro meses, fijando la siguiente audiencia para el mes de septiembre.
Durante el proceso, la defensa de Roxana intentó suavizar la imputación a homicidio culposo, argumentando que la mujer padece un deterioro emocional severo, estrés y lapsos de pérdida de memoria que le impidieron reaccionar aquella noche. En un intento por contextualizar la tragedia, se presentaron testimonios sobre su rol como madre atenta y se reveló que el padre de la víctima tiene antecedentes legales por violencia familiar en contra de la hoy imputada.
Por su parte, la madre utilizó su derecho a declarar para pedir perdón a su hijo, asegurando entre lágrimas que jamás le haría daño de forma consciente y que amaba profundamente al menor, rechazando los señalamientos que la tildan de criminal deliberada.
Mientras Roxana “N” espera el avance de las investigaciones desde la cárcel, el padre del niño anunció que buscará canalizar este dolor a través de la política pública. Informó que trabajará en el impulso de la denominada “Ley Vicente”, una iniciativa que pretende endurecer las sanciones y establecer protocolos de prevención obligatorios para evitar que más menores mueran olvidados en vehículos.
Con el cierre de esta etapa procesal, el caso queda bajo la lupa de la opinión pública, dividida entre quienes exigen el máximo castigo y quienes ven en este incidente el síntoma de una crisis de salud mental y violencia doméstica no atendida.
