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Jacqueline Méndez
Tras el ataque armado ocurrido la noche del domingo 2 de noviembre en Huixcolotla, donde tres policías municipales fueron asesinados durante un patrullaje de rutina, al menos 13 elementos de la corporación han renunciado ante el temor de ser víctimas de nuevos ataques por parte de grupos criminales que operan en la región conocida como el Triángulo Rojo.
Las víctimas fueron identificadas como Roberto Pérez Trinidad, Arturo Jiménez Ortigoza y la comandante Yusami Monterrosas Apolinar, quien tenía apenas 25 años de edad. Los tres realizaban labores de vigilancia cuando fueron emboscados por un grupo armado que los atacó sin previo aviso.
De acuerdo con fuentes municipales, la ola de violencia ha provocado que la corporación local quede sin elementos activos, ya que al inicio de la administración del alcalde Manuel Alejandro Porras contaban con 32 policías, cifra que hoy se ha reducido a cero.
Ante esta situación, el Gobierno del Estado ordenó un despliegue masivo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio, con el envío de un grupo de 15 policías estatales para reforzar la seguridad.
La SSP informó que se intensificarán los patrullajes, la vigilancia y la presencia disuasiva en puntos clave de Huixcolotla y municipios colindantes.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó la renuncia colectiva y aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes. “En Huixcolotla todos los elementos renunciaron; se harán las investigaciones correspondientes”, afirmó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, indicó que se volverá a conformar la Policía Municipal bajo los lineamientos necesarios para contar con agentes acreditados y capacitados.
Aguilar Pala también informó que los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán, Delfino Hernández y otro edil no identificado, solicitaron protección especial tras recibir amenazas de grupos del crimen organizado. “Ambos presidentes municipales recibieron llamadas telefónicas amenazantes y pidieron la intervención de Seguridad Pública para salvaguardar su integridad”, precisó.
El Gobierno de Puebla reiteró que se mantiene el seguimiento permanente de las investigaciones y el refuerzo de la seguridad en la zona, con el objetivo de restablecer el orden y brindar protección a la población.










