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Mariel Serrano
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla dio a conocer el análisis sobre el diseño, ejecución y avances del Programa Estatal de Derechos Humanos 2021-2023 (PEDH), esta evaluación busca examinar cómo se llevó a cabo la iniciativa, así como identificar buenas prácticas y aspectos a mejorar.
La maestra Shanik David George, responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos, por el derecho a la verdad del IDHIE, expuso los principales hallazgos de la investigación, destacando la importancia de generar recomendaciones en el contexto actual de Puebla.
David George explicó que la falta de metodologías adecuadas y la escasa participación ciudadana debilitaron desde su origen el PEDH, destacando que el proceso de consulta pública se redujo a una encuesta en Google Forms disponible solo por siete días, sin información georreferenciada ni preguntas abiertas que permitieran conocer la realidad de los derechos humanos en Puebla.
Además, denunció la ausencia de temas indispensables en el documento: “En ningún apartado se menciona la desaparición de personas, en cuanto a feminicidios, la única referencia es para señalar que existe una alerta de género, pero no se plantean acciones concretas para atender el problema”.
Otro de los puntos más críticos es que muchas de las líneas de acción carecen de responsables asignados, lo que evidencia una falta de compromiso y seguimiento y a pesar de que el programa comenzó a diseñarse en 2020, el subcomité encargado de su implementación se instaló hasta noviembre de 2022, solo un mes antes del cambio de gobierno estatal, generando un retraso aún mayor.
Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del observatorio de designaciones públicas, subrayó que la falta de reconocimiento por parte del gobierno de la crisis de derechos humanos en Puebla: “Parece que las autoridades no están viendo la magnitud del problema, y con ello, los espacios de participación ciudadana se están cerrando. La institucionalidad que garantizaba ciertos derechos está desapareciendo”, advirtió.
Checa Gutiérrez enfatizó la importancia de estos programas como un mecanismo para colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas y no tratarlas como un simple trámite burocrático. Además, insistió en que los derechos humanos no pueden depender de cambios de administración y deben ser una prioridad transversal en toda la planeación gubernamental.
Ambas especialistas coincidieron en que Puebla aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo y emitieron cuatro recomendaciones fundamentales para mejorar la estrategia estatal en derechos humanos:
Garantizar transparencia y difusión pública sobre los avances del programa; diseñar una metodología adecuada para su elaboración, basada en estándares nacionales e internacionales; implementar mecanismos de participación real que vayan más allá de simples encuestas digitales; incluir a todas las instituciones relevantes, como el Congreso del Estado y la Fiscalía General, para una acción coordinada.
El análisis del IDHIE deja en claro que, sin cambios estructurales y sin voluntad política, el Programa Estatal de Derechos Humanos corre el riesgo de seguir siendo un documento sin impacto real en la vida de los poblanos.
