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Carlos López
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal (CNSIPEE-F), el 84.6 por ciento de la población privada de su libertad en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla, no han recibido sentencia; lo cual implica que 4 mil 733 reclusos, tanto masculinos como femeninos, se encuentran presos sin razón jurídica desde 2022.
Con base a los datos expuestos por citadas instituciones peritas en estadística, el 24.9 por ciento de dichas personas se encuentran bajo prisión preventiva justificada, mientras que el 59.7 por ciento está bajo prisión preventiva oficiosa; asimismo, 2.6 por ciento de los recluidos se les traspapeló otro supuesto jurídico, mientras que el 12.7 por ciento restante se desconoce su estatus jurídico.
Aunado a ello, el estado de Puebla concentra el 13.5 por ciento de este tipo de casos a nivel nacional, con 7 mil 373 quejas registradas.
Dichas quejas están relacionadas con las deficiencias en la atención médica y psicológica, el suministro de bienes a los reclusos, la reinserción social, la asesoría jurídica, asignación de celdas, alimentación y prohibición de recibimiento de visitas; así como reportes de insalubridad, abuso u omisión de la autoridad, tortura, prepotencia por parte del personal de custodia, extorsión y abuso sexual.
