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22 gobernadores piden reactivar el Plan B, entre ellos Sergio Salomón
De acuerdo a su argumento es que la Constitución Política de México dice que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral
Daniela Rojano
22 gobernadores del país, junto con Sergio Salomón Céspedes, emitieron un comunicado en el que solicitaron la reactivación del Plan B de la reforma electoral; recordaron que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynrz Potisek, admitió la controversia constitucional del INE.
Por la cual se otorgó una suspensión al Plan B de la reforma electoral. Las y los mandatarios señalaron que se trata de una inconstitucionalidad.
De acuerdo a su argumento es que la Constitución Política de México dice que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y “no hay lugar a suspender las normas generales”.
La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el Pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”.
También, aseguraron que la determinación de Laynez Potisek violenta el equilibrio de poderes, pues “un solo ministro suprime de un plumazo reformas de la representación popular”.
Descartaron que las reformas pondrían en riesgo las elecciones o el funcionamiento del INE, por el contrario, comentaron que buscan garantizar una auténtica democracia y acabar con los excesos.
Los gobernadores morenistas señalaron que tienen la decisión de seguir pugnando por la renovación y “moralización” de las instituciones nacionales.
Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que la suspensión del Plan B de la reforma electoral debe ser revertida por el Pleno de la SCJN.
Este lunes, 3 de abril, el presidente López Obrador solicitó a la SCJN revertir la admisión de la controversia constitucional que presentó el INE contra el Plan B, pues también generó la suspensión a los efectos de las leyes, ya que, de acuerdo a la Consejería Jurídica de la Presidencia, el INE no podía presentar controversias contra leyes electorales.
El llamado Plan B, de acuerdo con los consejeros del INE, atenta contra los derechos laborales de las personas integrantes del instituto.
El Plan B es un conjunto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley General de Partidos Políticos.
